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Las comunidades exigen bonos por COVID-19 a las empresas mineras, ¿qué ocurrirá si estas pagan?

La pandemia del COVID-19 ha devastado la economía de las familias peruanas y creado un caldo de cultivo para reivindicaciones populares.

Un ejemplo de ello es lo que viene ocurriendo en Espinar (Cusco) y Caylloma (Arequipa), provincias donde la población exige a los operadores mineros la entrega de bonos solidarios de S/1.000, con cargo a los recursos de los fondos de desarrollo sostenible.

Dicha exigencia ha provocado la alarma del sector extractivo, pues amenaza la razón de ser de estos mecanismos, creados específicamente para financiar proyectos sociales que benefician a las poblaciones aledañas a las minas.

¿ADIÓS AL CIERRE DE BRECHAS?

“Estos fondos han sido diseñados para cerrar brechas. Si se reparten en efectivo, sin un criterio claro, van a aliviar problemas de corto plazo, pero ninguno de largo plazo”, señala Víctor Góbitz, CEO de Compañía de Minas de Buenaventura.

Actualmente, hay dos fondos de desarrollo en riesgo de ser consumidos por la entrega de bonos: el Convenio Marco de Espinar, que recibe recursos de Minera Antapaccay (Glencore), y el fondo de desarrollo de Caylloma, implementado por Minera Bateas (Fortuna Silver Mines).

En ambos casos, las comunidades exigen el pago de S/.1.000 por cada ciudadano mayor de 18 años incluido en el padrón electoral.

Eso significa un desembolso de S/40 a 50 millones en el caso de Antapaccay, y de hasta S/3 millones en el de Caylloma, mina más pequeña y de producción marginal.

Los operadores de ambas minas se oponen a este poco ortodoxo uso de los fondos de desarrollo.

EL FONDO SOCIAL DE CAYLLOMA

“Hay fondos sociales muy fuertes, que pueden repartir bonos de hasta S/5.000, pero si el dinero se malgasta de esta manera, adiós desarrollo y articulación con el Estado”, exclama Amalia Ruiz Seminario, gerente de gestión social de Minera Bateas.

La minera co-administra un fondo de S/5 millones para proyectos de desarrollo sostenible en salud, educación, infraestructura y desarrollo de capacidades, “a ser pagado en 2018-2020”.

De ese monto, S/2 millones han sido invertidos en proyectos ganaderos y S/3 millones son materia de disputa con los otros dos co-administradores del fondo social: el municipio de Caylloma y el Frente de Defensa de la Provincia de Caylloma.

En opinión de estos, el dinero debe ser usado para el pago de bonos solidarios a los 3.000 habitantes del municipio, aun cuando este no se encuentra en situación de crisis sanitaria (el distrito tiene tres casos positivos de COVID-19 y un fallecido, mientras las mina reportó seis).

Es más, Amalia Ruiz señala que la mayor parte de la población ha cobrado el bono solidario del gobierno.

Entonces, ¿por qué este afán por cobrar un bono?

LOS S/1.000 SOLES DE ANTAPACCAY

Según Ruiz, los comuneros de Caylloma están tomando el ejemplo de sus pares de Antapaccay, que semanas atrás votaron por el otorgamiento de un bono humanitario de S/1.000 para cada uno de los 40 mil habitantes de la provincia de Espinar.

La votación tuvo lugar en una reunión del Comité de Gestión del Convenio Marco Espinar, con la aquiescencia de cinco de los ocho integrantes de este cuerpo, liderados por el Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Espinar (FUDIE).

Se opusieron los representantes de Minera Antapacay, la Federación Unificada de Campesinos de Espinar y la Federación de Campesinos de la Cuenca de Cañipía.

Ricardo Carlos, presidente de FUDIE, refirió que Antapaccay cuenta S/140 millones de soles del Convenio Marco, por lo que no le será difícil cumplir con el pago de S/40 millones en bonos para Espinar.

Por el contrario, Antapaccay ha indicado que lo acordado no tiene vigor porque fue aprobado sin unanimidad y porque viola la razón de ser del Convenio Marco, que señala que esos fondos solo pueden ser usados en proyectos sociales.

“Los fondos de ese convenio no son para repartir, sino para proyectos de desarrollo sostenible, para que la población tenga empleo. Lamentablemente el tema se está politizando por intereses de personas que buscan ganar las próximas elecciones”, refiere Livio Paliza, gerente de relaciones comunitarias de Antapacay.

¿Qué salidas les queda a las empresas mineras?

OBRAS CON IMPACTO EN EMPLEO

Víctor Gobitz anota que es difícil no sentir empatía por la población rural, atemorizada por el COVID-19.

Sin embargo, advierte que existen otros mecanismos, diferentes a la entrega de bonos, que pueden ayudar a los comuneros a sentirse empoderados.

“Lo que se debe buscar es promover obras con impacto en el empleo local, porque repartir el dinero de los fondos sería muy pernicioso”, señala.

Precisamente, eso es lo que ha hecho Antapaccay con el lanzamiento, en días previos, del Plan Reactiva Espinar, diseñado para generar puestos de trabajo y dinamizar la economía de las familias, paralizadas por la declaratoria de emergencia por el Covid-19.

El plan se compone de 14 proyectos y un programa de empleo temporal para 7 mil personas, los cuales demandarán una inversión de S/. 55 millones, provenientes del Convenio Marco de Espinar, que financia Antapaccay.

En lo que respecta a Caylloma, Minera Bateas insiste en hallar un acuerdo con el Frente de Defensa y el municipio, para lo cual apela a los buenos oficios del Minem y la PCM.

Una reunión programada para el viernes pasado no llegó a buen puerto, debido a la inasistencia de los otros dos integrantes del Comité de Gestión.

La minera busca convencerlos de que inviertan el dinero del fondo en proyectos sociales. No en bonos.

“Si hiciéramos esto último, habrá un escalamiento en masa para que todas las empresas mineras comiencen a pagar bonos. Retrocederíamos treinta años, al tiempo en que la minería pagaba dádivas a las comunidades. Luchamos muchos años para que eso no se repita”, advierte Ruiz.

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