De acuerdo al Informe de la Defensoría del Pueblo, hay una ligera disminución comparada con el 2022.

Lima, 26 de enero de 2024. A diciembre de 2023, el informe de la Defensoría del Pueblo detalla que se registraron 215 conflictos sociales en el país, lo cual muestra una ligera disminución (6 conflictos menos) con respecto a la cifra de diciembre de 2022.

A pesar de ello, el presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad (CPC), David Tuesta, consideró que el nivel de conflictos es alto en relación a años anteriores y si se compara con la situación previa al gobierno de Pedro Castillo, actualmente el nivel sigue un 5% por encima. Eso se debería a que, tras el anuncio de golpe de Estado del exmandatario, estallaron diversos conflictos.

Actualmente, de los 215 conflictos registrados, 118 (55%) llevan más de 36 meses sin resolverse. Además, 47 de los conflictos están en estado latente y 168, activos. De estos últimos, 105 mantienen fase de diálogo, 47 en desescalamiento y 8 en fase temprana.

Cabe mencionar que se observa al menos un conflicto social en cada departamento del país, siendo el de mayores conflictos Loreto con 29 casos (13% del total nacional), en segundo lugar Cusco con 18 casos (8% del total nacional), y le siguen Apurímac, Áncash, Piura y Puno.

La responsabilidad para resolver la totalidad de conflictos recae en 61% de casos hacia el gobierno nacional y 27% en los gobiernos regionales.

Tipos de conflicto

El registro de conflictos en total se caracteriza por ser 62% de tipo socioambiental, 8% de asuntos de gobierno nacional y 5% asuntos del gobierno regional. Pero si se observa solo los nuevos conflictos a lo largo del año, que fueron 28 (43% menos que el año anterior), el 36% de ellos son socioambientales, 18% de asuntos del gobierno nacional y 14% relacionados al gobierno local. Así también, los nuevos conflictos relacionados a minería pasaron de 70% a 91% y el promedio de conflictos mensuales en torno a esta área es de 70 casos.

Por ello, Tuesta apuntó que es necesario contar con una unidad empoderada para la toma de acuerdos y el seguimiento de los mismos, ya que muchas veces los acuerdos no se ejecutan como deberían. Sugirió que vayan con partidas presupuestales y observen que se atiendan los pactos establecidos.

Fuente: El Comercio