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Comentarios en torno al proyecto de ley que regula la licencia social para actividades mineras

Por: Juan Carlos Zevallos, abogado especialista en Derecho Minero, Corporativo y Negociación.

En septiembre de 2019, el excongresista Marco Arana presentó en el seno del parlamento el proyecto de Ley Nº 4796–2019, que buscaba regular legalmente la denominada licencia social para actividades extractivas en el Perú. Esta propuesta legislativa, para muchos polémica, y para otros acertada, perseguía que la sociedad civil pueda acceder a información relevante sobre un proyecto extractivo para participar junto a la autoridad estatal competente en el proceso de evaluación y otorgamiento de la licencia de construcción.

De acuerdo a lo sostenido por los promotores del proyecto de ley, este marco normativo permitiría que “El Estado ponga a disposición de la ciudadanía, toda la información de carácter público relacionada con la empresa a cargo de las actividades extractivas”.

El texto de la propuesta, establece que las entidades que tendrían competencia en el proceso contenido en la referida propuesta para la aprobación de la licencia social a las empresas mineras, serían la Presidencia del Consejo de Ministros, así como los Ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, de Producción, Agricultura y Cultura, entre otros viceministerios específicos.

En el esquema de la propuesta, los procesos de licencia social serán acompañados de estrategias nacionales personalizadas según los contextos de cada región, de un protocolo de intervención que la empresa privada deberá seguir, el mismo que sería fiscalizado por las instituciones del Estado. En suma, el proyecto perfilado por el partido de izquierda del Frente Amplio, desarrolla políticas e instrumentos que posibilitarían una comunicación temprana entre el Estado, la empresa minera y la población.

En opinión de los legisladores del Frente Amplio, en las últimas décadas se han incrementado considerablemente los conflictos sociales en el Perú. Esto último, debido a los crecientes temores de contaminación ambiental, así como a la necesidad de concentrar mayores beneficios para las comunidades afectadas directa o indirectamente por la ejecución de proyectos extractivos.

Otro motivo, por el cual el Frente Amplio puso en agenda el debate acerca de la licencia social y alcances de la misma, es porque en su opinión habría una falta de regulación que habría sido aprovechada por empresas del sector minero. A la par, consideramos pertinente señalar que los autores de la iniciativa afirman que la licencia social constituiría una “figura en abstracto” que precisa de un marco teórico claro, que desarrolle los compromisos entre comunidades y empresas extractivas, y que estos sean vigilados por las autoridades para su cumplimiento.

Como da cuenta el proyecto de ley, el mismo atribuye al Estado el deber de garante y supervisor del cumplimiento de los compromisos. Esto último, antes de iniciar cualquier proceso administrativo u otorgar permisos, ya sea que se trate de aprobaciones de estudios de impacto ambiental y licencias de construcción de proyectos extractivos.

Es pertinente expresar, que la propuesta de ley se concibe en el marco de un escenario de franca conflictividad y convulsión social en el país con motivo de las protestas contra el proyecto minero Tía María de Southern Perú, el mismo que se vio ante una suspensión abrupta de su licencia de construcción previamente otorgada por la autoridad competente.

Según dan cuenta los promotores de la iniciativa, posición que no compartimos, las crecientes protestas y conflictos con respecto a los proyectos mineros, no hacen más que poner de manifiesto las graves vulneraciones de los derechos fundamentales de quienes se ven afectados por los impactos de la industria extractiva, en especial de la minería.

Como sostenían los promotores, en medio del debate generado acerca de la licencia social, se pudo advertir la inexistencia de regulación con relación a la misma. Es por este motivo, que el proyecto de ley, en dicha materia, tenía como propósito establecer un marco legal que haga viable la regulación, planificación y gestión de la licencia social.

Fuente: Minería Online

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