La semana pasada el colectivo Propuesta Ciudadana dio a conocer que las transferencias por canon minero a las regiones rompieron todos los récords en el 2022, con S/7.844 millones, cifra 166% superior a la del 2021.

Esto es más dinero del que jamás han dispuesto los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, ponderar logros como este en escenarios públicos puede resultar, muchas veces, contraproducente.

Basta recordar la defensa cerrada que el expremier Pedro Cateriano hizo de la minería ante el Parlamento en el 2020, iniciativa que precipitó su salida del gabinete tras solo 19 días en el cargo.

“La minería, sin duda, es la columna vertebral de la economía del Perú”, fue la frase que escandalizó a un sector del Parlamento y que motivó que se le negara el voto de confianza. ¿Refleja esto un sentimiento adverso de la opinión pública hacia esta actividad económica? ¿Qué piensa la población, en general, de la minería?

IMPORTANCIA PARA EL PAÍS

Para responder estas preguntas, Arellano Marketing ha desarrollado un informe de percepción ciudadana sobre el sector minero, el cual “brinda algunas magnitudes que colocan el problema en su verdadera dimensión”, anota Jorge Rubiños, gerente comercial de la firma consultora.

El sondeo, realizado sobre una muestra de 500 personas en Lima (54%) y provincias (46%) “para tener una lectura adecuada del país”, revela que cuatro de cada diez peruanos (43%) percibe un impacto positivo de la minería, versus tres que opinan todo lo contrario (33%) y otros tres que se mantienen al margen de la discusión.

Solo un 14% de la población se opone acérrimamente a la minería, según Arellano.

Más concluyente aún, el informe señala que siete de cada diez encuestados (72%) son conscientes de que la minería es el sector económico que más aporta al desarrollo del Perú, por delante del turismo (67%), la agricultura (63%) y el comercio (62%). ¿Pero cómo se manifiesta este aporte?

Según Arellano, esto se traduce en más puestos de trabajo por la operación de la mina y negocios vinculados (54%), en mayor desarrollo económico para el país (53%) y en la promoción de proyectos de desarrollo para las comunidades aledañas a las unidades mineras(40%), principalmente.

Para Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se trata de una percepción objetiva pues la data oficial indica que el sector minero emplea a 1,8 millones de peruanos en labores directas e indirectas.

“En cambio, el aporte de recursos para las comunidades y la construcción de infraestructura están más abajo en la lista debido a la baja ejecución de los gobiernos sub-nacionales. Esto, a pesar de las transferencias record de canon y regalías por parte de las empresas mineras en 2021 y 2022″, refiere.

De acuerdo a Arellano, estas ventajas son reconocidas, incluso, por los opositores a la minería (anti-mineros), pues dos tercios de ellos conviene en que esta actividad sí proporciona beneficios económicos tangibles, si bien considera que estos pueden ser atendidos por otros sectores, como el turismo y el agro.

Y es que, como bien apunta José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, es bastante difícil negar la importancia que tiene la minería debido a su peso en el sector exportador y a los grandes flujos de inversión que genera.

Incluso los activistas anti mineros reconocen que la minería aporta beneficios para la sociedad.

“La minería es una típica actividad que genera apoyo y rechazo al mismo tiempo”, refiere. ¿En qué segmento de la población podemos hallar esta animadversión?

OPOSITORES Y CAUTOS

“Si quisiéramos distinguir cuantos peruanos están en contra de la minería, podríamos decir que son un 14% que hace bulla en el mercado e impacta en la percepción de los demás (el 86%) porque son los únicos que salen a reclamar”, apunta Rubiños.

La consultora cataloga a este grupo como anti minero y los asocia al universo de ‘jóvenes maduros’, principalmente mujeres de entre 25 y 44 años con nivel de instrucción elevado (estudios superiores y post-grado) y la convicción de que las empresas mineras “deben cerrar e irse del país”.

Por el contrario, advierte que la minería es apoyada firmemente por un grupo más grande de hombres y mujeres, con edades de 45 a 65 años y familias constituidas: los pro-mineros, que conformarían el 36% de la población.

En el medio, precisa, se encuentran los “cautos”, sector poblacional de 18 a 34 años conformado, principalmente, por mujeres que “quieren ver cómo se comporta la minería antes de decidir si se convertirán en promotores de esta actividad o anti mineros”, anota Rubiños.

De acuerdo al especialista, este segmento es al que la minería debe convencer de que “puede trabajar responsablemente, generando bienestar para su entorno y no solamente empleo y crecimiento económico”. ¿De qué manera puede lograr esto?

La consultora apunta que para eso las empresas mineras deben demostrar que son buenos vecinos y que tienen un propósito va más allá de lo meramente transaccional (más allá de la generación de empleo).

Solo un 14% de la población peruana se opone tajantemente a la minería, de acuerdo a Arellano.

Pero no sólo eso. Advierte también que el Estado debe apoyar este esfuerzo haciendo un mejor uso de los recursos recaudados por la minería, vale decir, del canon y las regalías mineras, los cuales son mal aprovechados según un 54% de los encuestados.

Por ello, Arellano aconseja a las empresas extractivas que generen iniciativas público-privadas (Obras por Impuestos, por ejemplo) para gestionar mejor ese dinero y producir bienestar real para la población.

De hecho, esta es una de las principales urgencias de la minería, según advierte Víctor Góbitz, CEO de Compañía Minera Antamina.

“Nuestro principal desafío está en las zonas de directa relación con las operaciones mineras, donde se requiere una alianza público-privada para mejorar la institucionalidad y la gestión pública”, señala. ¿Qué opinan otros especialistas?

OTRA MIRADA

Fernando Castillo, ex jefe de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem), anota que la batalla por posicionar la importancia de la minería está ganada pero falta el siguiente paso, que es promover su imagen positiva en las regiones porque “todas las campañas se realizan en Lima”.

Por ello, considera que Arellano debió poner más cuidado en recoger la percepción de la población del sur del país, donde se ubican el 60% de los proyectos mineros, en vez de en Lima, región que alberga muy pocas operaciones mineras y donde la percepción sobre el sector es más positiva.

“La presencia de un anti-minero es relevante en la zona donde hay una operación minera. Si todo Tumbes es anti-minero a nadie le interesa porque allí no hay minería. Y eso aplica igual para Lima”, refiere.

En esa línea, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, advierte que el peso extraordinario de Lima en la encuesta (54%), en comparación a la del sur (14%), puede haber conducido a una sobrestimación de los resultados.

“Probablemente la imagen de la minería en el sur y en el centro del país no sea muy buena por los problemas que existen (conflictos sociales) y también por el trabajo de grupos políticos que están en contra la minería y que son mucho muy efectivos en este accionar”, señala.

Añade que el estudio considera también un grupo muy grande de trabajadores dependientes (47%) cuando “la realidad dice que los informales son casi el 80% de la población”, lo que indicaría que “la encuesta está algo sesgada”.

El economista apunta, sin embargo, que el estudio de Arellano funciona como un llamado de atención a los gremios mineros sobre lo que opina la población en general sobre esta actividad económica que tantas pasiones genera.

Fuente: El Comercio