Trabajadores de los campamentos de Cuajone protestaron para exigir al Gobierno que tome medidas ante las protestas de comunidades locales que han afectado su labor.

Un tímido tuit publicado por el Ministerio del Interior (Mininter) la mañana del viernes 25 fue el único pronunciamiento del Ejecutivo al respecto: “El Gobierno dispuso mayor presencia policial en el corredor vial sur [...] para asegurar el libre tránsito de todo tipo de vehículos y personas, y que no se afecten las actividades económicas”.

El anuncio se refería a la situación que se ha vivido en los últimos días en torno a la mina Las Bambas, en Apurímac. Comunidades de los distritos de Coporaque y Yaurisque, entre otros, realizaron diversas acciones de protesta en la zona, que incluyeron bloqueos en la ruta por donde circulan camiones y vehículos transportando mineral o trabajadores.

No es la única zona donde se han encendido focos de protesta casi en simultáneo. Diez días atrás, en la localidad de Challhuayaco (Áncash), moradores bloquearon vías en protesta contra la empresa Antamina, a la que acusan de desaparecer fuentes de agua, algo que la minera ha negado.

Esto, mientras continuaba la crisis en torno a la mina Cuajone, en Moquegua, donde cuatro comunidades campesinas (Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala) han interrumpido el flujo de agua hacia los campamentos mineros, obligando a paralizar operaciones.

En los últimos días se detectaron otras zonas de conflictividad social. En Junín, comuneros del distrito de Morococha bloquearon durante varias horas un tramo de la Carretera Central, como medida de protesta contra la empresa Chinalco, e interrumpieron el tránsito en esta transitada vía.

Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo para la Prevención de Conflictos Sociales, explica así lo que sucede desde tres aristas principales. “Aquí se están sumando, y lo estamos viendo, las consecuencias de la inestabilidad política, el deterioro de la administración pública y la pérdida de personal calificado en los equipos técnicos”, opina Luque.

Según indica, desde mayo del 2021 se ha registrado un aumento sostenido de los conflictos socioambientales ligados a industrias extractivas. “Había equipos ya afianzados para iniciar diálogos y soluciones. Su salida causa un impacto en la confianza de la población”, dice.

¿Son estas protestas coordinadas entre actores, o se trata de una ‘oleada’ de descontento social? Iván Arenas, analista en temas de conflictos sociales, explica que detrás de estos casos suele haber objetivos ideológicos, programáticos o comerciales, según el caso.

“No hay aquí algo estratégico, coordinado entre todos. Pero sí hay grupos ideologizados cuyos actores se encuentran. Se tiene que restituir el orden, pero el Gobierno no lo va a hacer”, comenta Arenas. Por el momento, un solitario tuit del Mininter parece darle la razón.

Cuatro comunidades campesinas han interrumpido el flujo de agua hacia los campamentos mineros, obligando a paralizar operaciones.

Chalcobamba bajo la lupa

En medio de este clima de conflictividad, una noticia reanimó la industria minera: la empresa MMG anunció que el Ministerio de Energía y Minas aprobó el inicio de operaciones en el tajo Chalcobamba, en Apurímac.

Según una nota enviada por MMG a la Bolsa de Valores de Hong Kong, este yacimiento empezaría a ser operado en el segundo semestre del 2022.

Iván Arenas, analista en temas de conflictos sociales, advierte que este será un nuevo foco de protestas en los próximos meses, entre otras cosas, por la cercanía de las elecciones regionales y municipales. “Perú Libre tiene mucha influencia en la zona del corredor minero, a través de Guido Bellido y otros actores. Chalcobamba se ‘prenderá’”, advierte.

Según el estudio “Los fondos sociales y convenios marco en el corredor minero del sur”, elaborado por Pablo O’Brien, la actividad minera provee casi el 70% de los ingresos que reciben los gobiernos regionales y municipales de este circuito. Por ejemplo, en Apurímac, “en el primer bimestre del 2021, los recursos generados por estos conceptos, a pesar del impacto de la pandemia, sumaron más de S/56 millones.

La región Cusco recibió S/342 millones durante el 2020 y en los dos primeros meses del 2021, más de S/90 millones”.

Según indica también el estudio, “la importancia económica del corredor minero es directamente proporcional a la problemática social y política que lo atraviesa”.

Fuente: El Comercio