Dante Vera, gerente de V&C Analistas, brindó una entrevista al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) respecto a la participación de la minería no formal en las recientes manifestaciones político-sociales desarrolladas en nuestro país, así también sobre la hipótesis de intervención de la minería ilegal alentando actos vandálicos.

En las fuertes protestas registradas recientemente, se identificó la presencia de mineros no formales, ¿se justifica su presencia?

En primer lugar, hay que distinguir dónde está ubicada la minería informal y la minería ilegal para poder señalar su participación en los eventos dramáticos que hemos vivido la semana pasada.

Los mineros artesanales en proceso de formalización, que básicamente están en el sur chico y en Arequipa, han tenido una participación importante a modo de protesta y demanda social, porque ellos tienen intereses concretos en cuanto a la formalización, registro en Reinfo, y una serie de demandas públicas. Sin duda, ellos han participado activamente en las protestas de la semana pasada.

El hecho de que los manifestantes se desplacen en numerosas camionetas y buses supone que detrás hay uno o varios financistas, ¿la minería ilegal es una de ellas?

Habría que anotar como hipótesis que le corresponde a la Policía determinar si ha habido participación de minería ilegal en el financiamiento de las manifestaciones. Los mineros artesanales han participado, pero, en cuanto a otro tipo de acciones referidas a vandalismo, es necesario que la policía investigue si hay dinero de la minería ilegal y del narcotráfico.

Ese tema está abierto y corresponde a la Policía y el periodismo de investigación indagar eso, porque definitivamente estas manifestaciones generan un gasto fuerte, pero no tengo información para señalar la fuente de financiamiento.

Precisamente, usted describió a la minería ilegal en una reciente publicación, ¿qué otros datos interesantes puede compartirnos sobre este sector?

En esta semana debe salir a publicación el tercer libro que hemos escrito Carlos Basombrío, Ricardo Valdés y mi persona, de “Las Economías Criminales”. Uno de los capítulos que tiene es el de minería ilegal, la cual hay que diferenciar de los artesanos y pequeños mineros en proceso de formalización.

Es un dato muy preocupante que el 28% de las exportaciones auríferas del Perú esté en manos de mineros ilegales y que esto represente US$ 1,777 millones, es decir es más grande que lo que manejan los narcotraficantes, la tala ilegal o la trata de personas.

¿Cómo se explica que la minería ilegal pueda tener tanto poder al punto de convertirse en un Estado paralelo en las zonas más profundas del Perú rural?

La economía criminal más grande del Perú es la minería ilegal. Y esta no solamente genera dinero ilícito, sino que naturaliza la corrupción y amplía el control de mafia dedicada a la minería ilegal en sus rutas, ríos y cordilleras, controlando a la población y, lamentablemente, espacios geográficos.

Lo que ocurre es muy preocupante. Se puede reproducir lo que ocurre en el VRAEM. Por ejemplo, en la frontera con Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, departamento de Amazonas, provincia de Condorcanqui, allí viven los awajún y están siendo sometidos por estas mafias de mineros ilegales.

¿Es posible que como país podamos librarnos de la minería ilegal? De ser así, ¿son suficientes los esfuerzos realizados hasta ahora o se requiere una nueva propuesta?

Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es decir averiguar quién financia la minería ilegal. No el pequeño socavón o cocha, sino la minería ilegal como la que hay en Madre de Dios, que genera tremendos problemas ambientales, o donde hay muchos trabajadores explotados, o utilizan maquinaria de línea amarrilla que requieren gran capital. ¿Quién pone ese gran capital?

Esa es una investigación que debería estar a cargo de la UIF, la Policía Nacional, y la propia Sunat y Aduanas. Debe establecerse un mecanismo de coordinación entre estas instancias y llegar al fondo del problema de quiénes la financian.

Se piensa convocar al Acuerdo Nacional para resolver la crisis política y social, ¿debería también abordarse el problema de la minería ilegal? ¿Con qué objetivo?

En segundo lugar, necesitamos un Acuerdo Nacional en el que todos los ciudadanos tengamos la voluntad firme de sacar a los mineros ilegales de las áreas nacionales protegidas. Es decir, del Tambopata hay que sacarlos y de otras zonas protegidas también. A esos mineros ilegales hay que sacarlos y tienen que ser judicializados.

¿Puede el Acuerdo Nacional alcanzar la representación del colectivo habiendo actores actuando al margen de la ley, pero a su vez apoyados por cierta parte de la población?

Me quedé pensando cuando el Monseñor Salvador Piñeiro de Ayacucho dijo “pero a quién convoco, porque los que están protestando afuera no es gente que tenga alguna representación y no sé si están interesados en el diálogo”. Entonces, el tema es quién los representa. Hay muchísimos actores sociales que han participado en estas protestas, pero no tienen una clara representación.

Si se convoca un diálogo por Acuerdo Nacional puede hacerse, pero qué tan efectivo va a ser, no lo sé. Parece que está cediendo la convulsión social en las calles, pero no creo que se sientan representados tan fácilmente en el Acuerdo Nacional.

Volviendo al tema del conflicto político-social a nivel nacional, ¿qué opina de la respuesta del Estado para intentar controlar la situación?

Como profesional me he dedicado a hacer análisis de conflictividad y riesgos. Entonces, cuando estamos ante una situación en la que más allá de la protesta social nos encontramos con escenarios de vandalismo, convulsión social, atentados contra la policía, bloqueos de carreteras con todo lo que implica de daños para terceros, se pone en la mesa de cualquier gobernante de Estado recurrir a los mecanismos que le permitan legalmente enfrentar la situación, uno de ellos es el Estado de Emergencia y la salida de las Fuerzas Armadas.

Genera preocupación la cantidad de fallecidos como resultado de las convulsiones y lo primero que surge es responsabilizar a la Policía o FF.AA. Respecto a ello, considero que toda muerte debe ser investigada. Si hubo un mal uso o falta de respeto a los estrictos protocolos que tiene la Policía y FF.AA. para el uso de sus armas de fuego, tendrá que ser investigado y atendido como corresponde en la ley.

Si bien las protestas se dirigen a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ¿qué podrían hacer los gobernadores regionales para apaciguar los ánimos y dar respuesta a sus demandas?

Haría bien la presidenta Dina Boluarte en convocar a los gobernadores regionales electos a pocos días de iniciar su gestión, incluso también los actuales, y comenzar a comprometerlos en acuerdos para enfrentar problemas de convulsión social y este problema que hoy es insalvable entre el Ejecutivo y Legislativo.

Sería muy bueno que los gobernadores regionales, quienes comparten directamente con los gobiernos subregionales, den una opinión y participen con el Ejecutivo a ver qué solución se le da a estos problemas constitucionales de equilibrio de poderes.

En enero habrá cambio de alcaldes y gobernadores regionales, ¿cómo debería acercarse el sector minero para mantener buenas relaciones con las autoridades?

En primer lugar, el desafío para la gran minería está en demostrar a la nación que puede contribuir no solo con más impuestos para el desarrollo nacional, sino que es capaz de participar articulando, siendo parte de un esfuerzo conjunto por lograr desarrollo territorial concreto. Por lo menos, en determinadas cuencas y provincias, dependiendo del enfoque de desarrollo que se asuma.

En segundo lugar, todo lo que es transferencia tecnológica, productividad en gestión ambiental, hay que compartirlo con los inversionistas de la región.

En tercer lugar, respecto a los mineros en proceso de formalización, el desafío de la gran minería es no ver como competencia al pequeño minero y minero artesanal porque no compiten. La gran minería es otra producción. Aquí lo que tiene que hacerse es ayudar a su proceso de formalización, apoyar a que el Perú cuente con un sector de pequeña minería y minería artesanal fuerte, sostenible, limpio ambientalmente, fuera de vínculos de corrupción, y por supuesto con cumplimiento de los derechos humanos.