El Gobierno reafirma su absoluto e irrestricto respeto a los derechos fundamentales, al marco constitucional y legal vigente y a la libertad de empresa, en un contexto de estabilidad y seguridad jurídica, basado en el principio de predictibilidad, para las inversiones privadas (pequeñas, medianas y grandes), y de mejora al entorno social y ambiental.

En ese marco, y en relación a los últimos sucesos, descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de la unidad minera, que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes.

Las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normativa vigente. Las autoridades competentes deberán evaluar dichas solicitudes de acuerdo con la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia establecidos por ley.

Los planes de cierre (progresivo final y post cierre) y sus modificaciones, presentados por las empresas y aprobados por las autoridades competentes se gestionan y controlan por el Estado de acuerdo con la normativa vigente de forma que el cese de actividades se efectúen dentro de un marco ambiental sostenible.

Desde el ejecutivo reiteramos nuestro rotundo rechazo a la violencia en todas sus formas, venga de donde venga, pero reconocemos el legítimo derecho a la protesta social.

El Gobierno busca promover un nuevo enfoque para el relacionamiento activo y positivo entre las empresas mineras y la población de las áreas de influencia, con el fin de atender las preocupaciones de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

Este enfoque, es un nuevo tratamiento de los conflictos sociales a fin de darles solución real y sostenible, generando paz social para un desarrollo armónico de la actividad empresarial, dentro del marco legal vigente.

Fuente: PCM