En las comisiones de Economía y Finanzas y Energía y Minas, del Congreso de la República, ronda en este momento el proyecto de ley 00800/2021-CR, que persigue la derogación de la devolución del impuesto general a las ventas (IGV) e impuesto de promoción municipal (IPM) a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, además de poner fin a su prórroga que fue dispuesta por el decreto de urgencia 021-2019, el cual reconoce este derecho tributario hasta el año 2022.

La propuesta legislativa es invención del partido político Juntos por el Perú y sus hacedores son los parlamentarios Ruth Luque, Sigrid Bazán y Edgard Raymundo, que, palabras más palabras menos, en la exposición de motivos del citado proyecto, presentan como argumento principal que la industria minera ha atravesado por una serie de súper ciclos de precios por los que ha obtenido ganancias récord entre los años 2003 y 2012, lo que también incentivó a que el presupuesto de exploración minera en toda la región de América Latina creciera de 566 millones a 5,000 millones de dólares, beneficiando al Perú con el 20% del total.

Agrega también que, actualmente, el país se encuentra inmerso en otro ciclo de incremento de precios. Así, a nivel nacional, en julio del 2021 se alcanzó una inversión de US$ 26 millones en exploración minera, monto que representa un incremento interanual de 77.4%. Esto, según los autores, hace que la minería resulte ser una actividad muy rentable, “por lo que no se justifica devolver impuestos que son necesarios para el país, pues se requiere recaudar un mayor monto de rentas para financiar la reactivación económica del país en esta etapa”.

“La industria minera ha atravesado una etapa de bonanza entre los años 2003 al 2012, y actualmente ha ingresado en un nuevo ciclo de incremento del precio de los minerales a nivel internacional, y luego de casi veinte años de aplicación de este beneficio tributario, no existen causas objetivas y razonables que justifiquen otorgar un trato distinto a las empresas mineras en etapa de exploración, en relación con el universo de contribuyentes”, alega el susodicho intento de ley.

Miguel Cardozo: la exploración minera no genera ingresos, solo gastos

Para el Ing. Miguel Cardozo, un profesional versado en el mundo de la exploración de recursos minerales, esta propuesta parlamentaria revela que sus autores no entienden los procesos de la minería, por lo que es “uno de esos típicos disparos al aire, en el cual lo único que se busca es cómo perjudicar o cómo quitarle a las empresas mineras algo que ni siquiera generan en la etapa de exploración”, es decir, los ingresos o ganancias.

“Cuando ellos hablan de eliminar el incentivo de devolución de IGV e IPM, creen que le están quitando un beneficio a las empresas mineras que operan, producen y tienen ingresos en el país. Eso no es así. Lo que están haciendo es perjudicar a las empresas que no tienen ingreso alguno y que levantan dinero a través de inversionistas nacionales o internacionales, como la Bolsa de Valores, para poder financiar proyectos de exploración, donde no hay ingresos, solo hay gastos. Eso es lo que no entienden”, enfatizó el también vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en conversación con este gremio profesional.

Diferencia el experto que los titulares que solo exploran minerales recuperan los impuestos a partir de los gastos que destinan en la compra de bienes o servicios para sus proyectos, mientras que las empresas que explotan los yacimientos recuperan los impuestos a través de sus ventas de minerales. “Están tirando la bala al que no deben. Los que pierden aquí son aquellos que solo exploran y no tienen ingresos. ¿Cuántas empresas pequeñas o medianas que listan en la Bolsa de Valores querrán venir al país a invertir en exploración para encontrar nuevos yacimientos desde cero? ¡Nadie! Y si no exploramos, no tendremos minas para el futuro y con ello tampoco habrá ingresos tributarios para el país y las regiones”, advirtió.

En ese sentido, acotó que la exploración minera, al ser una actividad de alto riesgo, necesita de mecanismos que incentiven su desarrollo y no de mayores trabas, como la eliminación del derecho a la devolución de impuestos, la creación de nuevas normas ambientales o la reglamentación de las cabeceras de cuenca, con lo cual se pretende limitar espacios para su práctica. “En todos los países mineros importantes se toman medidas para promover la exploración. Aquí le estamos quitando la única medida promocional que tenemos para ella. Cuando uno quiere obtener un permiso para perforar, puede demorar hasta dos años. Estos son tiempos inmanejables y en ninguna parte del mundo se presentan casos similares. Solo en el Perú”, lamentó el ejecutivo.

Como complemento, el licenciado en Geología remarcó que el IGV e IPM que se restituyen a las empresas dedicadas exclusivamente a la exploración de proyectos mineros, retornan al flujo de caja y se invierten nuevamente en la exploración, por lo que no hay posibilidad de que estos impuestos regresen al bolsillo de los accionistas ni se utilicen para repartir utilidades, ya que en esta etapa solo se generan gastos. “Evidentemente hay un sesgo ideológico y ese mal análisis que hacen con poca o ninguna información obedece a consignas propias y se dirige al sector minero”, criticó el ingeniero.

Con respecto a la duración de la ley N° 27623, que reconoce el derecho a la devolución de impuestos para la actividad de exploración minera, y que cada cierto tiempo es ampliada de manera temporal mediante decretos de urgencia, Miguel Cardozo sostuvo que esta medida de promoción debe ser regulada a largo plazo y no a 2 o 3 años como se estilaba en los últimos tiempos. “Los inversionistas no vienen aquí para trabajar 1 o 2 años, se quedan por décadas a explorar. Cuando los proyectos o nuevas minas se descubren, son vendidos y recién generan ganancias para las empresas de exploración, que, obviamente, están sujetas a los impuestos de nuestro país”, reflexionó.

Escenarios como la eliminación de incentivos, la elevada carga tramitológica y la aplicación de la consulta previa, solo desaniman a los potenciales inversionistas en el Perú y los obligan a buscar jurisdicciones mineras más interesantes, declaró el vicepresidente del IIMP. “En consecuencia, nosotros, que llevamos varias décadas en la lista de los mayores 10 países que atraen la inversión para la exploración minera, cada vez estamos más atrás en la cola, y cada año vamos perdiendo más posición. Nos habíamos comenzado a recuperar a partir del 2016, hubo una caída en el 2019, en el 2020 caímos el triple porcentualmente, y ahora en el 2021, mientras en el mundo va a crecer 30%, nosotros probablemente no crezcamos. Y si crecemos, no vamos a crecer más allá de un 5%”, avizoró.

Marcial García: Devolución de impuestos no repercute en la recaudación

Por su parte, en conversación con el IIMP, el socio de Impuestos de EY Perú, Marcial García, analizó, desde el punto de vista tributario, que el mecanismo de recuperación de impuestos a favor de las compañías mineras que únicamente ejerzan actividades de exploración en nuestro país, no tiene un efecto negativo en la recaudación, sino neutro, con el cual se logra reinvertir estos impuestos en la búsqueda de proyectos greenfield. “En el régimen de recuperación definitiva del IGV e IPM, el Estado asume parte del riesgo geológico porque deja de percibir el 18% de la inversión que se realiza, si es que no se hace un descubrimiento comercial. Pero el riesgo que asume es muy bajo en términos recaudatorios”,

Aclaró, de esta manera, que si la tesis de los precios de los minerales, esgrimida por el partido Juntos por el Perú en su proyecto de ley, fuese valedera, el año pasado se hubiera invertido US$ 1,000 millones en exploración y eso no ha ocurrido. “Si fuera tan maravilloso como ellos argumentan, por qué no tenemos un crecimiento importante de la inversión en exploración. Es objetivo. Solo hay que ver la data para darse cuenta de lo que está pasando”.

Además, refutó que si bien los precios de los minerales, en teoría, hacen más atractivos los proyectos de exploración minera, estos no se reflejan necesariamente en mayores volúmenes de inversión, los cuales vienen cayendo sostenidamente desde hace 10 años. Es así que en el 2020, la inversión en exploración fue de apenas US$ 220 millones y la recaudación tributaria fue inmaterial en comparación con el monto de recaudación proveniente de una operación minera en actividad, según el especialista en tributación.

“En el 2021, la inversión minera aportará a la recaudación nacional más de S/ 18,000 millones. Y eso es gracias a que en algún momento se hicieron inversiones en exploración que permitieron que hubiera descubrimientos comerciales que terminaron siendo desarrollados como minas. Y ahora se busca poner trabas para desincentivar la exploración en el país, como el exceso de trámites y los conflictos sociales, los cuales muchas veces detienen esta actividad, que, al final de cuentas, no posee un componente importante que genere contaminación y su impacto en las comunidades es marginal”, dijo a esta institución.

Gracias a la ley 27623 y su posterior extensión de plazo con decretos de urgencia, el Estado y otras empresas mineras suscribieron diversos acuerdos desde el año 2003 hasta la actualidad para promover la exploración de nuevos recursos minerales con la condición de recuperar el IGV e IPM de sus proyectos. De esta manera, en el 2021, se firmaron 5 convenios de inversión en exploración minera por un monto total de 19 millones 626 mil 754 dólares. Mientras que en el 2020, solo se firmaron 4 convenios, lo que demuestra que este mecanismo tributario se aplica en casos puntuales y no se traduce en una recuperación cuantiosa de IGV e IPM para el país y las comunidades de influencia. “En términos recaudatorios, no es muy significativo”.

“Lo que debería hacerse es que este beneficio tributario no tenga fecha de caducidad, es decir, que sea permanente para otorgar predictibilidad y generar un incentivo para la exploración. Por ejemplo, en otros países, se otorgan créditos al accionista, como la compañía en exploración no tiene renta porque no genera ingresos, le trasladan el crédito al accionista. Entonces, una porción de lo que tú inviertes, lo puedes tomar como un crédito contra tu impuesto a la renta a nivel del accionista. Por supuesto, esto depende del sistema tributario de cada país, pero ciertamente existen incentivos para promover esta actividad de alto riesgo, ya que de cada 100 proyectos, 1 termina siendo desarrollado como mina. Ese es el nivel de riesgo que asumes cuando desarrollas esta actividad”, ilustró Marcial García.

Finalmente, el socio de EY subrayó que el Congreso debe virar sus esfuerzos en otorgar facilidades para hacer más expeditivos los procesos de obtención de permisos para la exploración minera y resolver los conflictos sociales que impiden el desarrollo de esta actividad. Y una vez que se resuelvan estos cuellos de botella, quizá sea momento oportuno para revisar el incentivo de devolución de impuestos, pero no antes. “Se están creando las condiciones perfectas para que no venga nadie a invertir en minería. Los anuncios de llamar a una asamblea constituyente, los intentos de incrementar la carga tributaria para el sector minera, la amenaza de estatizar recursos naturales como el gas de Camisea, todo eso repercute en la percepción que tienen los inversionistas en nuestro país”, reflexionó.