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Expresidentes del IIMP invocan al trabajo conjunto para el cierre de brechas sociales

En el marco de la semana de actividades por el 78 aniversario del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se realizó una edición especial del Jueves Minero, con la participación del presidente Ing. Víctor Gobitz para exponer sobre el futuro de la minería en el Perú, donde se dio alcances sobre el rol que debe asumir el sector para afrontar los desafíos para el cierre de brechas socioeconómicas en las zonas de influencia de sus actividades.

La conferencia recibió los puntos de vista de un panel conformado por los expresidentes del IIMP, quienes testimoniaron casos de éxito y ofrecieron recomendaciones para contribuir en la mejora del presupuesto público con fondos del sector para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones asentadas en los alrededores de los proyectos y operaciones mineras.

Falta de continuidad de obras y compromiso gubernamental

Al respecto, el Ing. Rául Benavides, contextualizó que existe una baja ejecución del presupuesto público en los gobiernos regionales y locales por falta de continuidad de los proyectos y un retraso de años en la conformación de equipos y planificación de obras.

En ese sentido, propuso la creación de una agencia regional de desarrollo que emule lo hecho por la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), para procurar la continuidad de los proyectos entre distintas administraciones gubernamentales y así satisfacer las necesidades básicas de las comunidades.

“En ALAC se contaban con todos los proyectos de gobiernos anteriores y se construía sobre lo ya hecho. A eso debe apuntar la agencia regional de desarrollo, de tal manera de que pueda ser el puente entre las diferentes administraciones y lograr la continuidad de los planes, proyectos y objetivos”, remarcó.

Mala ejecución de presupuestos debe ser sancionada

En tanto, el Ing. Rómulo Mucho mostró su apoyo a la propuesta de la creación de este ente de desarrollo regional para la óptima gestión del presupuesto, y, a su vez, complementó que la mala ejecución de los fondos o el delito contra su buen uso debe recibir sanciones más drásticas.

“La Contraloría premia el avance de la ejecución del presupuesto, pero no la calidad del gasto para saber en qué han invertido o cómo ha trascendido en la calidad de vida de las personas. Por eso es que después de 20 años, las comunidades reclaman con toda justicia que el desarrollo prometido por el sector minero no llega”, enfatizó.

Además, atribuyó la conflictividad social a la presencia de grupos azuzadores que difunden ideas falsas y a la falta de un nuevo modelo de comunicación que transmita de mejor manera los aportes del sector minero en favor de la reducción de la pobreza en las zonas de influencia.

Funcionarios deben promocionar la minería y no ir contra ella

De manera similar, el Ing. Jorge Ardila, señaló que actualmente el Perú vive una situación de incertidumbre causada, principalmente, por ciertos actores políticos que van contra el desarrollo del país y en pleno súper ciclo de los precios de los metales.

“El presidente de la República debería convocar a los mejores cuadros técnicos y sus funcionarios deben entender que su papel es normar y promocionar la minería, mas no mermarla”, reflexionó.

Asimismo, sostuvo que la minería puede convivir en armonía con otras actividades económicas y continuar apoyando en las zonas vecinas a sus operaciones o incluso en aquellas donde no tiene yacimiento ni proyecto ni interés empresarial. Sobre esto, ejemplificó el caso de Buenaventura, empresa que donó plantas de oxígeno en Loreto y Lima, regiones totalmente fuera de su responsabilidad social.

Recomiendan imitar caso exitoso del aporte minero voluntario

Por su parte, el Ing. Juan José Herrera agregó que las carencias de educación, salud e infraestructura persisten por la poca o nula efectividad de la realización del presupuesto de fondos públicos para el desarrollo de las regiones y localidades, lo que conlleva a la paralización, suspensión y abandono de los proyectos y el incremento de la frustración del pueblo.

Frente a ello, sugirió reproducir experiencias exitosas como el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), el cual estuvo vigente entre los años 2007 y 2012, y fue financiado con los aportes voluntarios de las empresas mineras para constituir fondos de inversión que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia de los proyectos y operaciones mineras.

“La elección y ejecución estuvieron a cargo de las Comisiones Técnicas de Coordinación (CTC), constituidas por cada empresa minera e integradas por representantes de las mismas, además de autoridades regionales y locales, y de la sociedad civil. La administración de los fondos corrió por cuenta de un fideicomiso. Este mecanismo benefició a 18 regiones, 110 provincias y 376 distritos. Y también permitió llevar adelante más de 2000 proyectos, siendo los principales los de infraestructura y educación”, rememoró.

Hace falta mayor acercamiento entre mineras y habitantes

Desde otro ángulo, el Ing. Antonio Samaniego expresó que hace falta un mayor acercamiento de la industria minera hacia las comunidades, pues a veces las cifras mostradas en una pantalla no son suficientes para comunicar efectivamente el trabajo social de la minería.

“Anteriormente, había familias viviendo alrededor de los campamentos mineros e incluso nuestros ingenieros contactaban con los profesiones y alumnos en las escuelas. Hoy es difícil hacer esto. Esas vivencias entre los trabajadores mineros y la población ya no existen”, evocó.

En relación a la eficacia en el gasto de los fondos provenientes del sector, mencionó que la capacidad de gestión de las compañías mineras debe ser reproducida en los gobiernos y municipios para apoyarlos en el buen gerenciamiento y lograr obras de utilidad para la población.

Minería puede duplicar su aporte en educación y salud

Finalmente, el Ing. Augusto Baertl confesó que sigue siendo optimista del futuro de la minería en el Perú, pues cuenta con un enorme potencial de recursos, profesionales capacitados y tecnología de punta para una operación responsable con los estándares de medioambiente y convivencia social.

“El problema no es el dinero. La minería ha generado bastantes recursos y tiene la capacidad de duplicar su aporte para satisfacer las necesidades de educación y salud. El Estado está ausente y nos quedamos prácticamente solos entre empresa y comunidad”, analizó.

Por tal motivo, aseveró que este problema debe ser corregido bajo el liderazgo del Gobierno central, en alianza con las compañías mineras y comunidades, para forzar al Estado a asumir el verdadero rol que le corresponde ante las necesidades de sus pueblos.

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