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Fernando Castillo: Acuerdo Nacional debe tomar decisiones que marquen una pauta en este momento político

2022-12-15

En entrevista para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Fernando Castillo, consultor en Gestión Social, nos brinda sus perspectivas respecto al clima de protestas que acontece en el Perú con el pedido principal de adelanto de elecciones generales. Además, nos comenta cómo afecta esto al sector minero y de qué manera se podría lograr una solución.

Ante la grave crisis que afronta nuestro país, ¿qué diría usted que se necesita en primera instancia?

El país está pasando por una crisis que esperamos que sea transitoria. El tema de la sucesión constitucional me parece que ha sido bastante bien llevado del lado jurídico, no hay ningún problema, pero en el aspecto social o político se ha notado una reacción de parte de la zona sur en particular. Y ya se tenía claro que en lugares como Chumbivilcas, Puno, Cusco o Arequipa podía haber la reacción que se está dando. 

Lamentablemente, hemos registrado fallecidos producto de los desmanes y actos de violencia, ante lo cual los mismos convocantes a las manifestaciones han indicado que han tenido infiltrados. Según los reportes de la Policía Nacional ha habido mucha presencia de Movadef, quienes han estado organizando este tema.

¿Es conveniente anunciar elecciones generales para el 2024 o amerita realizarse antes?

Lo que ha hecho el gobierno en este caso, al anunciar elecciones generales anticipadas que se llevarían a cabo en abril de 2024, me parece lo más acertado. Eso es lo correcto porque la Constitución tiene dos aspectos a tomar en cuenta. Uno, figura que el presidente debe asumir un 28 de julio y que las elecciones deben ser convocadas en abril. Además de eso, otra norma indica que las elecciones deben ser convocadas mínimo con 6 meses de anticipación. Entonces, estamos en inicios de diciembre, los 6 meses llevan a junio. Por lo tanto, no es posible que sea en el año 2023, como algunos manifestantes están exigiendo, ya que las elecciones generales tienen que ser en abril y se debe asumir el mando en 28 de julio.

Considero muy importante que se haya anunciado que hay un proyecto de ley para el adelanto de elecciones y algunas modificaciones que se requiere que se establezca como modificaciones constitucionales. Dado el nivel legislativo, ello requiere dos legislaturas, la presente que culmina en julio del año próximo y el 28 de julio de 2023 iniciaría la siguiente legislatura, con lo cual están los plazos perfectos para llevar a nuevas elecciones.

¿Qué opina de convocar a un Acuerdo Nacional?

El Acuerdo Nacional, de hecho, ayer [martes 13] ya se convocó a Consejo de Estado y han estado participando las distintas instituciones que tiene nuestro país en la estructura estatal. Entiendo que el Acuerdo Nacional va a ser convocado en estos días, en donde están todas las fuerzas vivas, como gremios y partidos políticos.

Es muy importante que el Acuerdo Nacional tome algunas acciones y decisiones que marquen de verdad una pauta de reconocimiento a este momento político que está viviendo el país.

¿El Acuerdo Nacional también debería considerar un marco de acción con respecto a otros países que no reconocen la sucesión presidencial?

Me parece importante que el Acuerdo Nacional se pronuncie por otras razones también, no solamente el tema de la paz que necesitamos llevar a cabo, sino que debemos tomar acciones con países como México, Argentina, Colombia y Bolivia, quienes se han pronunciado reconociendo todavía a Pedro Castillo como presidente. Y, en el caso especial de México, indicar que ellos no pueden hacer ningún reconocimiento justificado en que ha habido una elección en su momento y entonces habría que respetarla, eso es una clave injerencia a la política nacional de nuestro país.

¿Considera que habría otra alternativa para que la gente se sienta más representada?

Bueno, nosotros tenemos un sistema de democracia representativa, las poblaciones están representadas por quienes han elegido en el Congreso de la República. América Latina siempre es muy volátil en sus apreciaciones, pero ese es uno de los temas que probablemente deban ser revisados en un nuevo marco legal para las elecciones, porque no existe otra representación de la población. Las ONG no representan a la población, la sociedad civil es una figura asociada a tener alguna alternativa; sin embargo, no existen los filtros para determinar que una ONG represente o no, por ello se elige a la representación nacional cuya denominación es el Congreso de la República y es en este fuero donde se encuentran los partidos políticos.

¿Debería el Gobierno dialogar con organizaciones promotoras de las manifestaciones o primero habría que realizar un filtro de actores?

Lo lamentable de estas protestas son los fallecidos. Es importante no perder de vista el marco legal y jurídico. El llegar a un entendimiento con un frente de defensa no es válido en el marco jurídico; sin embargo, en el proceso social sí. Eso seguramente se verá en los procesos de diálogo que están teniendo, ya el gobierno ha señalado que varios ministros estarían yendo a diversos puntos del país para resolver la situación.

Si bien ayer el gobierno ha estado en palacio con la CGTP, existen organizaciones nacionales que veo difícil que se sienten a dialogar porque lo que exigen no es factible. El país no puede sacrificar su normativa en medio de la protesta; por ejemplo, con los mineros informales o los transportistas que han pedido se elimine las papeletas, eso no tiene nada que ver con el proceso. 

Hay condiciones que considero que ha hecho bien el gobierno, como autorizar la salida de las Fuerzas Armadas para el control de carreteras.

¿A qué se debe los continuos bloqueos al corredor minero y qué sugiere para recuperar la transitabilidad?

El tema del corredor minero en el país ya ha salido de todo tema de presunción social. Nosotros debemos tomar en cuenta que la zona del corredor minero no está siendo bloqueada por temas estrictamente sociales. Este año ha habido 7 u 8 operaciones que han tenido problemas por temas económicos, como desconocimientos de acuerdos anteriores, nuevos contratos, servidumbre.

Al haber un abandono por parte del gobierno del estado de derecho, han tenido varios lugares bloqueados mucho tiempo, como es el caso del corredor. Eso ha perjudicado, por ejemplo, a la minera Las Bambas que inició operaciones en 2016 y en suma cerca de 2 años ha pasado paralizada. 

Dado que esa condición en el corredor minero no es un tema social, sino una extorsión de otro nivel, lo único que puede resolver es que el Estado recupere el estado de derecho en la condición de bloqueo de vías.

¿Cuán determinante resulta el contexto sociopolítico para una empresa minera en su decisión de invertir o no en un país? 

Si yo estuviera con un inversionista de Londres, el último país al que iría sería el Perú, las condiciones no ayudan, por eso es que no tenemos proyectos nuevos en este momento. 

El cuadro de proyectos se congeló, no salió Corani, no tiene recursos; la inversión que iba a hacer Newmont en Yanacocha Sulfuros está congelada; lamentablemente el gobierno no aprobó los US$ 1,300 millones de inversión de Chinalco; Quellaveco ya se terminó, ya está en operaciones; no tenemos nada nuevo, nada fresco.

Para mantener e impulsar el sector minero en nuestro país son sumamente importantes los inversionistas, ¿Cómo devolverles a ellos la confianza?

Para recuperar el clima de inversión, necesitamos dar muestras que permitan al inversionista ver con ojos atractivos al Perú. Ya no es suficiente el recurso, como tal también lo hay en Australia o en otro país. Necesitamos mostrar, en primer lugar, que existe un estado de derecho; segundo, debemos recuperar la predictibilidad jurídica, por ejemplo, el gobierno anterior ha eliminado tercerizaciones, ha incorporado más legislación, y eso es bien delicado porque una actividad como la minería que requiere muchos años para recuperar la inversión, si en el camino me cambian las normas no voy a apostar por un país como este; esto ayudará a que el inversionista nos tenga en cuenta como un país en el que pueda volver a confiar.

Se afirma que las radicales protestas en Andahuaylas (Apurímac) son financiadas por la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Cómo se podría acelerar la lucha contra la minería ilegal?

Si tuviéramos un mejor control de carreteras se ordenaría el tema de la minería ilegal, ya que el mineral sale a ser procesado en plantas que todos sabemos que quedan en Chala y Nazca. Estas plantas de Nazca procesan el mineral procedente del sur y centro del Perú. En este momento, dado que el cobre ha subido de precio, incluso están trayendo concentrado. 

Por eso Las Bambas tiene un problema, ya que la ampliación del tajo Chalcobamba no se puede utilizar no solo por los problemas con las comunidades, sino porque también existe en la zona minería ilegal, de igual forma en diversas zonas de la región Apurímac.

Todo eso está siendo trasladado por carretera hacia Nazca para ser procesado, entonces la Policía podría detenerlos tranquilamente en cualquiera de los 400 Km que recorren para poder procesar el mineral; sin embargo, no se da y esto es un llamado de atención también para las fuerzas del orden que debe tener una intervención clara en eso. La minería ilegal tiene tanto dinero que le permite corromper autoridades locales en todo el país.

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