Juan Carlos Castro, titular del Ambiente, señala que hay alrededor de US$ 14 mil millones en 106 proyectos en Senace que buscan destrabar. 

Lima, 29 de mayo de 2024. El Ministerio del Ambiente (Minam) se propuso aligerar los procesos burocráticos en torno a la certificación ambiental para proyectos en el Perú. De acuerdo a una entrevista que concedió el ministro Juan Carlos Castro al diario Gestión, desde el 2001, cuando se aprobó la ley pertinente que regula estos asuntos, las entidades públicas han entorpecido poco a poco la celeridad con la que se realiza esta evaluación. 

En consecuencia, los inversionistas no ven al país como un lugar atractivo para establecerse. Al respecto, el Minam tiene un plan para revertir ese efecto. ¿De qué se trata? De acuerdo a Castro, lo que se plantea es hacer respetar la ley que señala que los permisos se deben dar en un plazo de ocho meses o como máximo un año, así se contraresta los cinco años que deben esperar las empresas mineras para obtener la luz verde a sus iniciativas. 

A la fecha, en el Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) hay 106 proyectos en evaluación que representan un conjunto de US$ 14 mil millones y buscan destrabarlos. Previamente, necesitarán de las opiniones favorables de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) y el Ministerio de Cultura, entre otras entidades. 

Para el titular del Minam, la principal traba se da en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que si bien no es directamente parte del sector, ya viene recibiendo indicaciones para acelerar los permisos que soliciten las empresas. ¿Por qué la demora? Castro sostiene que el nivel de exigencia de la entidad es altísimo y los estudios de impacto ambiental (EIA) que llegan son débiles.

En ese sentido, lo que hará el Minam es que los solicitantes no tengan que esperar a cada sector, sino que cuando se presente el pedido, por ejemplo, ante la ANA, esta a su vez enviará el documento al Serfor y otras entidades involucradas para que juntas emitir una sola evaluación. De esta manera, se evitarán la larga espera de hasta cinco años.