Entrevista: Rodrigo Chillitupa | El ministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde, responde sobre los desafíos que tendrá en la cartera y el panorama caliente que afronta por los conflictos sociales en regiones mineras.

El economista Rafael Belaunde Llosa es una de las fichas por la que el primer ministro Pedro Cateriano apostó para liderar el Ministerio de Energía y Minas en un contexto en el que, como parte de la reactivación económica, se apunta a destrabar los proyectos mineros paralizados en las regiones. Como lo remarcó el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación, los 48 proyectos mineros en construcción signficarían una inversión de US$57 mil millones, casi el 25% del PBI, y más de 600 mil puestos en trabajo. Si a ello se suma qué hay más de 11 mil millones de soles no ejecutados en canon, sobrecanon y regalías en el ejercicio de este año, se entiende lo frustrante de la situación. En entrevista exclusiva con CARETAS, el nieto de Fernando Belaunde-Terry define cuál será su hoja de ruta en la cartera. “La ejecución está en 9%”, admite, “pero espero cerrar en diciembre con el 85%”.

Pude observar en su perfil profesional que ha trabajado muchos años con empresas privadas en el sector minero. ¿Cómo piensa volcar esa experiencia en el MINEM?

Mi experiencia profesional siempre ha estado centrada en la zona rural del Perú. Básicamente, en las zonas altoandinas. He sido, por un determinado número de años, gerente de campo de Cofopri, donde estuve viendo los temas de titulación urbano marginal en todo el país. Eso me ha permitido conocer extensamente el territorio nacional. Después, me he desempeñado en la asesoría y la consultoría de tierras para proyectos de distintas naturaleza: mineros, energéticos, hoteleros, agroportuarios. Eso, digamos, me ha aproximado a conocer la realidad del Perú minero.

¿Usted no cree que pueda ser señalado, en algún momento, de favorecer a empresas con concesiones mineras tomando en cuenta de que viene del sector privado?

Yo no he trabajado como empleado para ninguna empresa minera. Yo he brindado servicios de consultoría, ya sea a nivel personal o a través de empresas en las que tuve control mayoritario. Fui apoderado de compañías mineras, pero no he sido funcionario de ninguna. El ministerio es un ente que tiene que promover la actividad minera. Además, hay un ente fiscalizador que es el Osinergmin. Entonces, lo lógico es que haya una persona que conozca, estime y valore el potencial minero del Perú. No sería lógico tener a un antiminero liderando el sector.

En el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) hay dos pedidos de concesiones mineras para proyectos en Chancay y Curahuasi (Apurímac) relacionadas a usted. ¿Cuál es su explicación?

Bueno, mi padre es solicitante de una y yo era de la otra. En mi caso, lo de Chancay es un petitorio minero que está a mi nombre. El día que el presidente tuvo a bien convocarme a su gabinete, tome contacto con los dueños del terreno superficial y se los ofrecí en donación. Y hemos celebrado de ahí una escritura pública de donación del terreno. Ahora, eso debe ir a los registros públicos, donde se calificará de acuerdo a la capacidad en la que están trabajando ahora, pero yo me he desprendido de ese proyecto. Yo no tengo, en este momento, ninguna denuncia ni proyecto vinculado con la exploración o la explotación de recursos mineros.

EMBALSE DE CANON

¿El sector minero puede acortar las brechas de infraestructura o de acceso a servicios?

El sector contribuye significativamente en generar los recursos. El problema es que están acumulados en canon y sobrecanon muchos recursos que no se ejecutan. Entonces, lo que promovemos desde el ministerio, en alianza con los gobiernos regionales y provinciales, son mecanismos por los cuales se puedan agilizar la elaboración de los expedientes técnicos. El problema de las regiones no es la falta de recursos, sino la falta de gestión para elaborar sus proyectos de inversión. Por eso, apuntamos a forjar convenios con estas regiones para facilitarles de capacidad técnicas que carecen.

¿Cuántos proyectos mineros en exploración tiene en cartera?

Tenemos una cartera de 64 proyectos grandes, con un monto de exploración comprometido en 498 millones de dólares y están en distintos niveles. Por ejemplo, 32 proyectos que cuentan, en estos momentos, con todos los permisos, han paralizado por la pandemia, y tienen una inversión por 257 millones de dólares. Tenemos 28 proyectos de exploración con instrumentos de gestión ambiental aprobados y que están pendientes de autorización, esto lo estamos agilizando con unos decretos supremos que se van a emitir en estos días. Por otro lado, tenemos 48 proyectos de construcción.

¿Han realizado modificaciones en el reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación?

Hemos hecho dos modificaciones tanto en exploración como explotación. Lo que promovemos es migrar la mayor cantidad de permisos del silencio administrativo negativo al positivo. Eso le va imprimir mayor velocidad a la realización de los proyectos mineros en el Perú.

TÍA MARÍA

¿Cómo aborda el proyecto Tía María?

Si la gente que vive en la zona no quiere que se haga el proyecto, pues no se hace. Esa es una realidad que no se puede discutir por más que se tenga el permiso de construcción. Ahí, lo único es que la compañía persuada a la gente para que el proyecto vaya. Si usted me pide mi opinión, a mí me parece que es lamentable que, estando demostrado que se puede hacer el proyecto minero y convivir con el valle en paz y armonía, se estén quedando enterrados bajo tierra todos esos recursos con los precios de los metales subiendo. Por ejemplo, con cuántos de estos recursos se podrían comprar más camas y respiradores en los hospitales. Vamos a insistir que proyecto que contamina, no va. Sin embargo, proyectos que sean socialmente responsables y ambientalmente amigables, deberían realizarse. No vamos a imponer nada, pero tampoco escatimaremos esfuerzos en persuadir a la gente de que algunos proyectos son realizables.

¿Y qué piensa de ‘Conga’?

El tema ‘Conga’ es un caso análogo, pero con una situación inexacta, a lo de Tía María. Pero hay que ver formas creativas de poder generar que los recursos lleguen más rápido. Le explico: entre lo que se consigue la autorización para que la mina entre en construcción y después se pague esa inversión, hay un tiempo para que el canon fluya, ¿no? La regalías iban a entrar un poco antes, pero, de cualquier manera, hay un lapso de tiempo donde no hay recursos. Entonces, la autoridad que asume la responsabilidad de firmar e impulsar el proyecto, asume el costo, pero no tiene el beneficio de tener recursos contra los cuales ejecutar obras. En el ministerio estamos explorando qué posibilidades e instrumentos existirían para poder adelantar esos recursos que dé, alguna manera, no carguen a las cuentas fiscales.

El ex viceministro José de Echave recomendaba que algunos proyectos con viabilidad social, como Quellaveco o Mina Justa en Ica, eran viables para reactivarse. ¿Qué opina?

Queremos hacer un esfuerzo para simplificar los procedimientos. Estamos por aprobar, en estos días, normas en ese sentido. El ánimo del ministerio es destrabar la mayor cantidad de proyectos. Vamos a trabajar sobre un global de 15 proyectos, cuya inversión es más de 16 mil millones dólares, que están distribuidos en seis regiones. El foco de acción de la gestión va ser que todo lo concerniente al Corredor Minero del Sur. Por ahí transita el 42% del cobre que se produce. Es una zona, hay que reconocer, que también es escenario de varios conflictos sociales. El ministerio va poner prioridad porque se necesita un despliegue mucho más agresivo.

LOS ANTIMINEROS

Los llamados antimineros postulan que el Perú debe migrar a otras actividades extractivas. ¿Qué cree?

Esto viene del modelo primario exportador. El Perú puede ser un país donde se desarrolle la alta tecnología, se impulse el turismo, se desarrolle al más alto nivel la industria, la agroexportación, la manufactura, pero eso no implica que el país tenga que renunciar a algo con lo que ha sido bendecido. Es decir, las probabilidades que, en un territorio tan pequeño como el Perú, comparándolo con el tamaño del planeta, tengamos tanta riqueza, es un hecho excepcional y no resulta incompatible con las demás actividades.

La Defensoría del Pueblo ha alertado en un informe de junio pasado que existen 82 conflictos sociales en regiones mineras. ¿Qué plan tendrá ante este escenario caliente para el MINEM?

Para entender la problemática de la conflictividad asociada a los proyectos mineros, creo que se tendría que pensar primero en lo excepcional que es el Perú en cuanto a su riqueza minera. El Perú es un país grande, pero comparado con el tamaño del planeta, solo representa una porción pequeña, donde están enterradas ingentes cantidades de riquezas mineras, que, mientras sigan así, no valen nada. Somos el sexto productor mundial de oro, el segundo de cobre, el principal productor de plata y zinc. Tenemos un potencial minero gigantesco. Sin embargo, por motivos ideológicos, hay gente que ha inducido a personas a pensar y creer que la minería genera contaminación e implica la destrucción de sus actividades productivas.

¿La Oficina de Gestión Social podría acercar a las comunidades y las mineras?

En general, la gestión social es hoy un componente indispensable en la actividad minera como el área de exploraciones y de geología. El área de gestión social es el más sensible, diría yo, de la actividad minera y, también, de la de hidrocarburos. Entonces, es importante tener personal suficiente y con recursos para que sea desplegado por todo el territorio nacional. Eso es algo que vamos a potenciar en el ministerio.

¿A quiénes se refiere cuando dice que “hay gente que induce a las personas a creer que la minería genera contaminación”? ¿A los frentes de defensa ambiental?

Hay gente, bueno, que tiene una visión. Hay proyectos en el Perú que pueden generar un impacto ambiental nocivo y pernicioso, pero hay otros que son socialmente y ambientalmente viables. Pero, igual, no se hacen porque hay una carga emocional que tiene un origen fundamentalmente ideológico en algunas personas. Ahora, la gente común y corriente, que no conoce en profundidad en qué consiste los aspectos técnicos de la actividad, es lógico que tengan temor o la duda. Muchas veces las compañías también han fallado en acercarse y entender a la población. Esa es una tarea que no solo debe atender el sector de Energía y Minas, sino que las compañías tienen que contribuir a que la población perciba que su actividad puede resultar más amigable y cercana.

Sin embargo, en los últimos días, hemos visto que en Espinar se ha agudizado el conflicto entre la comunidad y la compañía Glencore Antapaccay. ¿Tiene alguna hoja de ruta para resolver este asunto?

Este es un conflicto en el que está la compañía Antapaccay, cuyo propietario es Glencore. Ellos compraron esta operación donde ya existía un acuerdo, mediante el cual el 3% de las utilidades mineras iban a ir a un fondo que iba a estar manejado por el alcalde provincial, un grupo de fuerzas vivas de las comunidades campesinas, diversos representantes de la sociedad civil organizada de Espinar y la compañía minera. Hace más de dos años, este fondo generó más de 500 millones de soles para que se ejecuten cerca de 900 proyectos. Actualmente, el saldo actual es 132 millones de soles, el cual está intacto. Ahora, parece, que el origen de todo esto es una discrepancia entre la compañía minera y el alcalde por el bono solidario de 1000 soles. Este asunto debe resolverlo la empresa y la comunidad porque al MINEM no le corresponde.

¿Pero el MINEM no puede tratar de tender puentes entre ambos?

Ambas partes deben ponerse de acuerdo porque así lo manda los términos del convenio. La empresa planteó otras alternativas, algunas mejores que otras, que no han sido aceptadas. Entonces, lo que puede promover el Ministerio de Energía y Minas es brindar un espacio donde esté liberado de pasiones, aspiraciones políticas -tomando en cuenta que se vienen las elecciones- y presiones. Para lograr ello, las partes deben sentarse, dejar de lado sus posiciones y ceder. Es cierto que ambos no van a querer ceder 100%, pero se debe llegar a un entendimiento. Como le digo, hace más de dos años, hay estos 132 millones de soles intactos. Es inaudito que no fluya este dinero.

¿Y más aún que está en el pleno Corredor Minero del Sur?

Así es. Una de las cosas que tendrá mi gestión es promover alianzas con distintos niveles para que se ejecuten los recursos que hay en el Corredor Minero del Sur. Hay mucho canon, pero los proyectos no se hacen y la pobreza es tremenda.

MINERÍA Y PANDEMIA

Durante esta pandemia, la actividad minera no paró. Sin embargo, se ha informado que hay cerca de 1000 trabajadores contagiados por Covid-19. ¿Habrá alguna acción del MINEM contra las empresas que pareciera no tuvieron los protocolos de bioseguridad?

Una manera de poder medir la reactivación de la actividad minera es saber en cuánto se encuentra operando. Actualmente, está en 90% de consumo energético. Como nos ha demostrado esta pandemia, la enfermedad es nueva. Tienes proyectos como la construcción de Quellaveco, donde había 16.000 personas trabajando en Moquegua que, de buenas a primeras, ha parado sus labores. La empresa está haciendo labores tremendas para poder reincorporar al personal, cumpliendo con todas las exigencias que demanda el protocolo y es un desafío que se tendrá que internalizar. El sector minero es uno de los más regulados. Diría yo, es una de las actividades de más altos estándares en cuanto su práctica de salud y laboral.

¿Qué acciones aplicará contra la minería ilegal?

Eso es un tema que demanda un componente legal enorme. Eso estamos viendo los mecanismos consistentes con normas ambientales, pero es algo que hay que estudiar con mucha profundidad porque la actividad minera no solo pueda ser realizada por la gran empresa, sino por el ciudadano de menores recursos. Solamente, entre Nazca y Chala, hay 300 mil mineros entre pequeños, artesanales e informales. Es una actividad que a ese nivel emplea mucha gente.

¿Y para la pequeña minería y la minería artesanal?

Todo el marco normativo vigente está centrado para la gran minería. Hay muchas barreras para un operador pequeño o artesanal. Ahí es urgente una simplificación de barreras administrativas. Hay que ver y reconsiderar tamaños de cuadriculas. Hay todo un planteamiento técnico que nosotros apuntamos a reducir las barreras. 

Fuente: Caretas