• Un problema que surge en el 2018 por inacción del Estado frente al asalto con armas de una comunidad vecina al proyecto, y que afecta a la propia comunidad donde se desarrolla la mina.

La minera canadiense Lupaka Gold Corp. presentó una solicitud de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el que alude incumplimientos por parte del Estado peruano en relación con las inversiones de la empresa minera.

Por ello, exige una compensación económica de más de US$ 100 millones, por vulnerar el artículo 36 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (“Convenio CIADI”) y el Artículo 824 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Perú.

El origen de la demanda contra el Estado peruano se debe a la falta de apoyo de la policía peruana, fiscales y funcionarios del gobierno central para eliminar el bloqueo ilegal y restaurar los derechos que exigía la minera Lupaka en el proyecto que llevaba adelante.

Los enfrentamientos a lo que se vieron involucrados se iniciaron en setiembre del 2018, cuando Invicta Mining Corp. (IMC) había desarrollado aproximadamente 3,000 metros de trabajos subterráneos, luego de los acuerdos con las comunidades que poseen las tierras superficiales dentro del área del proyecto, completó una carretera de acceso de 29 kilómetros y las pruebas metalúrgicas.

Así, en setiembre del 2018, IMC solicitó que se realizara la inspección final de las obras terminadas para permitir el inicio de la explotación.

A mediados de octubre de 2018, justo antes de que se llevara a cabo la inspección final, un grupo de pobladores de la Comunidad de Parán asaltaron con armas de fuego y sacaron al personal de la empresa del área del proyecto, incluidas sus oficinas ubicadas en el campamento, y establecieron un bloqueo que impidió el acceso a la mina y al campamento.

La empresa, a través de un comunicado, detalla que el bloqueo se realizó en la carretera construida por la empresa minera y en la propiedad registrada de la Comunidad de Lacsanga.

Tras los incidentes, tanto la Comunidad de Lacsanga como IMC solicitaron que las autoridades ayuden a eliminar el bloqueo y restablecer el acceso a la mina. Esta asistencia no fue proporcionada.

Impacto

El financiamiento para el desarrollo de la mina por parte de IMC se financió con un préstamo, que se pagaría con el flujo de caja de la generación del proyecto.

“No pudo hacerse el pago debido al bloqueo ilegal. Diez meses después, en agosto de 2019, y sin ningún progreso aparente en el conflicto, el prestamista ejecutó el préstamo y Lupaka perdió toda su inversión”, sostiene.

En virtud a ello, la empresa afirma que la pérdida de IMC y la mina por parte de Lupaka fue consecuencia de los actos y omisiones de Perú.

Por lo tanto, Lupaka inició el procedimiento de arbitraje en busca de una compensación por un monto superior a US$ 100 millones, que se cuantificará durante el curso del arbitraje.

Con respecto al procedimiento de arbitraje, Lupaka está representada por el bufete de abogados internacional LALIVE, y cuenta con el respaldo financiero de Bench Walk Advisors.

Fuente: Gestión