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Ministro Jaime Gálvez: “Segunda fase de Ampliación Toromocho debe empezar en abril”

Esta entrevista aparece en la edición 84 de la revista Energiminas. La economía peruana cerró el 2020 con un retroceso de 11%, su piso más bajo de las últimas tres décadas. La pandemia le ha salido muy caro al PBI peruano, y en un contexto como este ha tenido que maniobrar Jaime Gálvez Delgado, ministro de Energía y Minas. Es cierto que avanzan megaproyectos como Quellaveco, de más de US$5,000 millones, y está casi lista Mina Justa, de Marcobre, y también avanza a buen ritmo la electrificación rural, una deuda del Estado con miles de ciudadanos. Pero el presente preocupa y preocupa e inquieta aún más el futuro. El país cuenta con una cartera de proyectos superior a los US$56,000 millones pero los proyectos no salen, y los lotes petroleros no encuentran estabilidad ni internacional ni interna. Tampoco la minería. Las inversiones mineras sumaron US$4,334 millones en 2020, pero según el INEI la productividad del sector Minería e Hidrocarburos en conjunto retrocedió 13%. Las inversiones en petróleo no son las deseadas, y tampoco las mineras, que muestran síntomas de desgaste en la arista de exploración. La inversión para la exploración minera en 2020 ha sumado US$223 millones, un monto 37.5% menor al reportado en 2019. Muchos de los planes de inversión minera que debían ejecutarse en 2020 se han pospuesto para este año o quién sabe cuándo. Corani, San Gabriel, entre ellos. Y hace poco anunció Barrick Gold la venta de Lagunas Norte para enfocarse en sus activos en República Dominicana y Veladero en Argentina. En un contexto así, con bloqueos constantes de carreteras y con oposiciones que no se entienden, en meses previos a las elecciones presidenciales y con muchos funcionarios vacunados antes que el personal de primera línea, es difícil ser ministro de Energía y Minas. Pero aquí está Jaime Gálvez, concediendo una entrevista para hablar de actividades económicas y productivas que importan sobremanera. 

¿Cuál es la estrategia que adoptará su despacho en general, ministro, para impulsar los proyectos minero-energéticos que están por ser ejecutados?

La estrategia se sustenta en los objetivos que persigue mi gestión: en minería se busca viabilizar el inicio de la ejecución de siete proyectos este año, tal como lo señala la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, los cuales representan una inversión global de US$ 3,577 millones. 

También garantizaremos la continuidad de las operaciones mineras y acompañaremos los proyectos en construcción para lo cual trabajamos con un enfoque preventivo en la gestión de la conflictividad social que se apoya en dos iniciativas: la implementación del Comité de Gestión Minero Energético, que ha sido instalado a la fecha en Arequipa, Cajamarca, Apurímac y Loreto; y el fortalecimiento de la Oficina General de Gestión Social (OGGS). 

También hemos puesto el foco en mantener la operatividad del Corredor Vial Sur. El equipo de gestión social viene desplegando una serie de acciones que nos permita lograr acuerdos con las comunidades y las autoridades de Cusco y Apurímac, ello a pesar de la pandemia que plantea grandes retos. Por ejemplo, estamos impulsando reuniones virtuales en las mesas de diálogo para mantener una comunicación fluida con los dirigentes y avanzar en el cumplimiento de compromisos asumidos.

En el subsector eléctrico, buscamos reactivar los proyectos de inversión en generación y transmisión entre los que destaca la instalación de 23 transformadores con una inversión de US$ 53.8 millones, así como el impulso a las obras contempladas en el Plan de Transmisión a largo plazo (2021-2030) a fin de garantizar un sistema confiable. Actualmente, el país tiene una cartera de proyectos eléctricos por una inversión mayor a los US$ 6,000 millones para los próximos años. 

De igual forma, avanzaremos con el cierre de brechas en el acceso a la electricidad y con el inicio de la segunda etapa del Programa Masivo Fotovoltaico, que beneficiará a 100 mil viviendas aproximadamente. Para todo esto debemos realizar el diseño de un nuevo marco normativo que viene siendo trabajado por la Comisión de Reforma del Subsector Eléctrico y un equipo de consultores internacionales.

En el subsector hidrocarburos promovemos la masificación del gas natural y el uso eficiente de la producción local a través de modificaciones normativas y el Fondo de Inclusión Social Energético; la adjudicación del proyecto 7 Regiones (en marzo de este año) y el inicio de la etapa II del estudio de preinversión del proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural para el sur del país (SIT Gas). De igual forma, impulsamos la ejecución del Plan de cierre de brechas en el corredor petrolero de la selva a través del Comité de Gestión para el monitoreo de intervenciones y resultados, instalado en octubre del 2020. 

Tenemos el desafío de que en los tiempos de emergencia sanitaria que atraviesa el país, se garantice que el sector minero-energético opere de forma sostenible, segura, eficiente y que contribuya a la reactivación económica.

Según Ruben Arratia, de la consultora Wood Mackenzie, Australia ha creado un fast-track para sacar adelante proyectos mineros porque la necesidad de empleo allí es altísima. ¿Le parece a usted una estrategia acertada y que podría estudiar replicar aquí? 

Lo que buscamos, ante todo, es que los plazos previstos en el marco legal se cumplan, lo que representa un reto que permitirá tener un desarrollo más diligente de los proyectos de exploración y explotación. 

Como Estado trabajamos activamente en la promoción de proyectos mineros a través de un acompañamiento que permita alcanzar acuerdos entre las autoridades y representantes de las comunidades y las empresas mineras, así como velar por su cumplimiento. El reto es mantener una presencia fuerte en los territorios donde se realiza la actividad, absolver las preocupaciones de la población e impulsar el desarrollo integral de las regiones. Mirando a futuro, tras lograr una mayor aceptación social de los proyectos mineros, se puede diseñar una estrategia similar a la de Australia.

¿Qué cambios regulatorios cree usted que son urgentes ejecutar en la industria minera peruana? ¿Podrán hacerse en el poco tiempo que resta? ¿Qué cambio, en concreto, sería posible?

El marco normativo que rige la actividad minera ha permitido el desarrollo de una industria moderna en el país, la llegada de grandes inversiones que crearon empleos y operaciones que generan importantes recursos para el país. No obstante, la actividad afronta una serie de desafíos de índole tecnológica, ambiental y social que, a raíz de la pandemia del coronavirus, han cobrado una mayor urgencia.

En tal sentido es necesario realizar mejoras y actualizaciones al marco legal con un enfoque multiactor que permita socializar con todos los actores los cambios que se vayan a realizar. Con esa visión se creó la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, cuyas conclusiones nos sirven como insumo para trabajar iniciativas que buscan optimizar la normatividad minera.

Dentro de las iniciativas normativas elaboradas se encuentra la modificación al Reglamento Ambiental de Exploración Minera la cual dispone que la Ficha Técnica Ambiental tenga una aprobación automática sujeta a fiscalización posterior y previa entrega de una garantía (silencio administrativo positivo). 

También está la implementación de términos de referencia (TdR) integrados (D.S N° 013-2020-PRODUCE), y la aprobación de los lineamientos para la autorización de colecta de recursos hidrobiológicos.

Actualmente, estamos trabajando, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, una modificación al marco legal que regula el cierre de minas a fin de que el Estado pueda intervenir de forma rápida y tomar medidas frente a minas recientemente abandonadas o cuando los titulares incumplan sus obligaciones ambientales afectando las fuentes de agua, al suelo y el aire. Tenemos que aplicar medidas concretas que garanticen el respeto del medioambiente, el cumplimiento de las normas y, de ser el caso, la determinación de responsabilidades y sanciones.

De igual forma, se ha iniciado la elaboración de una Política Nacional para la Pequeña Minería y la Minería Artesanal con la cual se busca consolidar una visión país para el desarrollo sostenible de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) y fomentar la formalización de los mineros que trabajan en esos estratos. 

¿Qué otras medidas adoptará su despacho para intensificar la formalización minera?

Venimos impulsando el programa “Sostenibilidad para los mineros formalizados”, habiendo beneficiado a más de 600 personas en regiones como Madre de Dios, Arequipa, Puno y Apurímac, quienes fueron asesorados en temas de prospección y exploración de yacimientos, reducción de uso de mercurio, comercialización de minerales, entre otros.

Asimismo, se ha brindado asistencia técnica y capacitaciones al público en general, mineros en vías de formalización y autoridades regionales en requisitos, promoción de mejores prácticas y tecnologías limpias logrando una participación de más de 5,200 personas. Al mes de febrero, tenemos 9,668 mineros formalizados a nivel nacional y se cuenta con 88,802 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Perú es un país subexplorado y sabemos que estamos cercanos a elecciones presidenciales: ¿en su agenda existe la intención de potenciar la exploración minera en el país o al menos dejar avanzados algunos planes?

Estamos analizando propuestas que permitan potenciar las exploraciones entendiendo que es una actividad de alto riesgo y mínimo impacto social y ambiental en el entorno. Una de ellas es el fortalecimiento institucional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) para mejorar el desarrollo de los prospectos mineros, la identificación de nuevos recursos y el relacionamiento temprano con las comunidades a través del programa de pasantías mineras para líderes locales de las zonas donde se encuentran los proyectos en exploración.

Hay que resaltar que en las últimas modificaciones al Reglamento de Protección Ambiental de Exploraciones Mineras se tiene como principales modificaciones: la aprobación de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) en 10 días hábiles con silencio administrativo positivo, 17 supuestos mínimos que garantizan a los administrados que un procedimiento de modificación de su proyecto no demorará más de tres meses, la eliminación del plazo de 21 días para que el Minem autorice la realización de un taller de participación ciudadana y un mecanismo para que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realice las supervisiones pendientes de cierre de minas.

Finalmente, es importante señalar que se mantiene el beneficio de devolución del IGV y del impuesto de promoción municipal hasta el 31 de diciembre de 2022, medida que fue impulsada por el Minem con el propósito de fomentar proyectos de exploración. Este beneficio tiene una mayor relevancia en el contexto actual donde se aprecia una disminución en las inversiones en exploración. 

La Cartera de Proyectos de Exploración 2021 concentra 60 proyectos por una inversión total de US$ 506 millones, que provienen de nueve países del mundo. Las inversiones peruanas en la cartera representan el 30% de dicho monto.

Por cierto, ¿cuál es su posición con respecto a la consulta previa virtual? ¿Es posible o es un disparate? ¿Por qué?

El Minem como entidad promotora implementa el proceso de consulta previa en consenso con los pueblos originarios cumpliendo lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, la Ley y el reglamento de consulta previa. 

Respecto a los mecanismos o formas para implementar cada etapa del proceso de consulta, tanto la Ley como el reglamento de consulta previa no establecen un único modelo o mecanismo para su respectiva implementación, excepto en la etapa de diálogo, en la cual hace referencia que debe realizarse a través de reuniones presenciales y contempla la firma de un acta de consulta.

En ese sentido, el Minem puede implementar diferentes mecanismos o formas para llevar a cabo el desarrollo de cada etapa del proceso de consulta excepto la del diálogo. Para ello se toma en cuenta la coyuntura nacional, las características de los pueblos y la naturaleza de la medida administrativa a consultar. Los mecanismos a ser implementados deben estar identificados en el Plan de Consulta previa.

¿Cómo avanzan los proyectos Quellaveco, Mina Justa y Ampliación Toromocho? Con respecto a Toromocho, como que tarda mucho la aprobación a su MEIA, ¿no le parece?

El proyecto Mina Justa está en la recta final y debe empezar a producir en abril; Quellaveco, por su parte, presenta un avance de ejecución financiera mayor al 50% a la fecha; mientras que la segunda fase de Ampliación Toromocho debe empezar en abril próximo, cuando su modificación del Estudio de Impacto Ambiental sea aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Y en cuanto al proyecto de litio en Puno, ministro, ¿qué instrumento de gestión ambiental en concreto debe presentar la empresa Plateau Energy, que afirma haber recaudado US$600 millones para su proyecto?

La Ley General de Minería (LGM) establece que las actividades mineras de exploración, explotación, labor general, beneficio y transporte minero se rigen bajo el sistema de concesiones, al que acceden los inversionistas bajo procedimientos administrativos. En ese sentido, para desarrollar actividades mineras indistintamente de la clase de sustancia que se solicite, el titular cuenta con el marco legal para encausar su solicitud de autorización de actividades mineras en los procedimientos regulados por la LGM.

El litio es un elemento químico perteneciente a los metales alcalinos; en ese sentido, su explotación no requiere una regulación especial por su composición, sino por su asociación con el mineral uranio-litio en roca, como el que se ha descubierto en Puno, por lo que para su extracción conjunta se requiere nuevas tecnologías e investigaciones para su procesamiento metalúrgico, extracción y producción a fin de no alterar el uranio.

En tal sentido, el Minem viene trabajando con el Instituto Peruano de Energía Nuclear la elaboración de normas técnicas para regular los requisitos de seguridad radiológica, requisitos para la autorización u opinión vinculante para la minería de uranio y otros minerales asociados, así como para las concesiones o plantas de beneficio, y los términos de referencia específicos para los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (Categoría III) de proyectos de explotación, beneficio y labor general, almacenamiento a nivel de factibilidad para la minería de uranio y/o torio, solos o asociados con otros minerales.​

En la medida que se identifiquen recursos de litio no asociados al uranio, se puede utilizar los instrumentos de gestión ambiental actuales.

¿Pagan impuestos las empresas mineras formales o no? Yo sé que sí, pero el rumor de que no lo hacen está tan extendido que creo conveniente que el ministro lo esclarezca. 

Las empresas mineras formales, al igual que las de los demás sectores de la economía, deben pagar Impuesto a la Renta (IR). En el caso de la actividad minera, la mitad del IR pagado por los titulares de la actividad minera es transferido a los gobiernos regionales y locales bajo el concepto de canon minero. 

Adicionalmente, la minería tiene cargas específicas como las regalías, el impuesto especial a la minería (IEM) y el gravamen especial a la minería (GEM) que son más recursos que genera la actividad en beneficio del país. Otros aportes de las empresas del sector son los destinados al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, así como el aporte por regulación, entre otros. 

En el 2020, los tributos internos recaudados por Sunat correspondientes al sector minero alcanzaron los S/ 5,907 millones, representado el 7% del total nacional.

¿Cuáles son proyectos en camino de ejecutarse y qué señales le hacen pensar que será así? Más específicamente: ¿qué le falta a Corani, Zafranal, Pampa de Pongo, Pampacancha, Coroccohuayco y Yanacocha Sulfuros?

Como señalé al comienzo de la entrevista, este año se espera el inicio de la ejecución de siete proyectos mineros que representan una inversión de US$ 3,577 millones. El proyecto más grande de ese grupo es Yanacocha Sulfuros (US$ 2,100 millones), cuya ejecución solo depende de la decisión del directorio de la empresa Yanacocha.

También está San Gabriel (US$ 422 millones) que tiene un proceso de consulta previa en marcha; Corani (US$ 579 millones) que está por completar el financiamiento; y otros cuatro proyectos que son Optimización Inmaculada, Chalcobamba Fase I, Tajo Pampacancha y Ampliación Shouxin, que debería iniciar obras en febrero.

En el caso de Zafranal, el titular ha indicado que espera comenzar la construcción a fines del 2022 e iniciar producción en el primer semestre del 2025. Hasta el momento la empresa ha invertido US$ 193 millones, de los US$ 1,470 millones que tiene pensado destinar al proyecto.

Respecto al proyecto Pampa de Pongo, el cuatro de febrero pasado, el Senace aprobó el Plan de Participación Ciudadana, paso previo a la presentación de su Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d), en la que se incluye, por ejemplo, el empleo de una planta desalinizadora, la inclusión de una planta de beneficio vía húmeda, modificación del mineroducto, entre otros. Por su parte, Integración Coroccohuayco aún se encuentra la fase de evaluación por parte del titular. 

Con respecto a los hidrocarburos, la caída de producción ha sido brutal. ¿Hay alguna forma realista de revertir esta situación?

La caída de los precios del petróleo en el mercado mundial a raíz de la pandemia ha sido enorme. Pero hoy vemos una recuperación y perspectivas favorables para la reactivación del subsector hidrocarburos. A fin de contribuir con esa reactivación estamos trabajando en la actualización del marco normativo para fortalecer la industria y atraer nuevas inversiones en petróleo y gas natural.

Hemos prepublicado un nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos que nos permitirá contar con normativa acorde a los avances tecnológicos, reglamentar las operaciones costa afuera y simplificar los procedimientos a fin de impulsar actividades hidrocarburíferas seguras para las personas, el medioambiente y con un alto grado de responsabilidad social. 

Asimismo, trabajamos un nuevo reglamento para la aplicación de las regalías y retribución para la exploración y explotación de hidrocarburos, que se aplicará a los nuevos contratos de licencia y de servicios luego de ser aprobado. Se ha incluido, además, un fondo para remediar pasivos ambientales y cerrar brechas sociales. 

PetroTal, por ejemplo, alega que recibe constantes amenazas que podrían detener su producción. ¿Es viable atraer inversiones para el sector petrolero en un contexto como este? ¿Qué se hace desde el Ejecutivo para cumplir con el Estado de derecho?

PetroTal está operando con normalidad e incluso ha renovado su acuerdo con Petroperú para venderle petróleo que es llevado a la Estación Nro. 1 y trasladado a la costa por el Oleoducto Norperuano.

Hemos participado en un diálogo fluido con autoridades y dirigentes sociales, donde pudimos ratificar que la población amazónica no se opone a la actividad petrolera, lo que desea es que esta no perjudique su hábitat, le ayude a mejorar su calidad de vida, contribuya a su desarrollo y le permita salir de la pobreza y postergación.

Desde el ministerio impulsamos la llegada de inversiones que apunten a ese objetivo, así como contratos de explotación que incorporen fondos sociales.

En paralelo, a partir de este año, asumiendo un compromiso con el desarrollo de la Amazonía, el gobierno ha aprobado el Plan de Cierre de Brechas en el corredor petrolero.

El plan está orientado a la atención de 209,730 personas que viven en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, en la región Loreto, donde se han identificado 816 proyectos de inversión. El Minem preside el comité de gestión para el monitoreo de intervenciones y resultados del Plan de Cierre de Brechas. 

A ello se suma el apoyo decidido que da el Minem a la remediación ambiental, pues entre el 2015 y 2020, hemos destinado más de S/ 300 millones para las tareas de recuperación de sitios impactados en el pasado por actividades de hidrocarburos que deben empezar este año.

Hay un gran proyecto geotérmico en camino, sin embargo, ¿existe el marco normativo idóneo para su desarrollo?

El Minem otorgó dos autorizaciones para realizar la exploración de recursos geotérmicos en los campos denominados Achumani y Quellaapacheta, ubicados en Arequipa y Moquegua, respectivamente, cuyos estudios han avanzado hasta la fase de perforación profunda (II Fase de estudios). 

De esta forma se contará con estudios a nivel de factibilidad que permitirán determinar el potencial energético y las posibilidades de desarrollo de cada campo. Con ello, las empresas que realizaron los estudios podrán solicitar el otorgamiento de la concesión para la explotación de recursos geotérmicos con fines energéticos.

Hay que precisar que la energía geotérmica es la única energía renovable en el Perú que cuenta con una Ley Orgánica para su desarrollo desde 1996, y cuyo último reglamento se encuentra vigente desde el 2010.

Por último, en cuanto a electrificación en el país y proyectos relacionados a este sector, ¿el panorama es alentador?

Totalmente alentador porque estamos abocados al cierre de brechas en la electrificación rural. Actualmente, se ha alcanzado una cobertura del 82% y se espera completar el 100% durante el próximo gobierno. 

Las inversiones necesarias para dicho fin serán superiores a los S/ 1,500 millones y se utilizarán tecnologías convencionales, vale decir, extensión de redes eléctricas, instalación de minirredes solares y paneles solares individuales.

Solo este año, esperamos ejecutar 34 proyectos de electrificación rural por una inversión de S/ 300 millones que beneficiarán a 168 mil personas, a eso se suma el Programa Masivo Fotovoltaico II que llevará el servicio eléctrico a otras 100 mil viviendas aproximadamente utilizando paneles solares fotovoltaicos, en beneficio de medio millón de compatriotas.

Fuente: Energiminas

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