A los conflictos socio ambientales que enfrenta la minería, y paralizan sus proyectos y además su producción como sucede actualmente con las minas de Las Bambas y Cuajone, ahora se suma una reducción más acelerada de espacios del territorio nacional autorizados a desarrollar esa industria extractiva.

En los últimos tres años, se ha incrementado en 6.4 millones el número de hectáreas (ha) que están restringidas para el desarrollo minero, un aumento del 17% si se comparan cifras de los reportes de minería que publica el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Evolución

Esos documentos indican que, hasta febrero del 2019, el total del país que estaba restringido para el desarrollo de esa actividad abarcaba a 38.2 millones de ha, o 29.7% del territorio.

Sin embargo, a enero del 2022, tal restricción se extendió ya a 44.9 millones de ha, alcanzando hoy al 35% del total del Perú, lo que explica esos 6.4 millones de ha adicionales antes citados.

Esta situación se da a pesar de que la minería se desarrolla en solo 1.57% del área nacional, mientras que el área para exploración es aún mucho menor (ver tabla).

El crecimiento de las zonas restringidas a la minería se explica, en parte, por la incorporación por el lado del Gobierno de nuevas categorías que restringen la minería. Una es la declaración de determinadas zonas como ecosistemas frágiles.

Así, en tres años, se han declarado 188 zonas del territorio como ecosistemas frágiles, y que ocupan 5.10 millones de ha, o 3.9% del territorio peruano.

Además, se han reconocido cinco reservas indígenas, que abarcan 2.8 millones de ha, o el 2.2 del territorio. A esto se añade la creación de dos reservas territoriales, que comprenden 1.3 millones de ha o el 1.0% del área total del país.

Nueva ley

Vale indicar que las reservas territoriales y reservas indígenas en el Perú son territorios intangibles delimitados por el Estado a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.

Esta nueva restricción se aplica, además, luego que el Congreso, en el 2020 (y a iniciativa de la Comisión de Pueblos Andinos), aprobara la ley para la protección de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, o Ley Piaci.

Esa normativa además prohíbe realizar cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas.

Perspectiva

Sobre el tema, Marcial García Schreck, experto en minería de EY, coincidió en que estas nuevas restricciones, y las que pueden venir luego que se realice la regulación de las denominadas “cabeceras de cuenca”, pueden afectar aún más las inversiones mineras y proyectos pendientes de nuevas minas.

Señaló que si bien el Minem indica que hay 43 proyectos mineros pendientes de construcción por US$ 53,000 millones, la realidad es otra.

Solo 15 de esos proyectos, por US$ 20,000 millones, anota, tendrían posibilidad de concretarse en el futuro cercano, es decir que hay inversiones por más de US$ 30,000 millones paralizadas.

Fuente: Gestión