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Permisos ambientales para exploración minera hoy demoran hasta 4 años y frenan nuevos proyectos

Si bien las inversiones en exploración minera aumentaron 39.4% de enero a julio, alcanzando los US$ 226 millones, los gremios del sector advierten que no solo estamos lejos de alcanzar niveles prepandemia, sino que seguiremos una tendencia anual declinante por trabas que pondría el propio Gobierno.

Considerando que la exploración en julio de este año fue de apenas fue de US$ 32 millones, se estima que la inversión en 2022 podría alcanzar los US$ 384 millones, una cifra lejos de la necesaria para poder aprovechar las reservas de mineral sin explotar que posee el Perú, que estaría en torno a los US$ 600 millones, según observó Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas.

Se trata de una cifra de inversión similar a la que registró el país antes de pandemia, que contrasta con el pico de inversiones en busca de nuevos yacimientos mineros de 2012, que superó los US$ 1,000 millones anuales.

Proyectos nuevos

Mucho explicó que lo que hoy sostiene las inversiones en exploración son en realidad operaciones brownfield, es decir, perforaciones para buscar nuevos yacimientos en las áreas de minas ya en operación, pero no hay nuevos proyectos (greenfield) grandes en marcha.

En este punto, cabe explicar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene 63 proyectos en cartera por US$ 586 millones, pero de los cuales este año solo uno ha obtenido autorización para el inicio de exploración: el proyecto Lourdes, de Camino Resources S.A.C., por US$ 1.8 millones.

En esa línea, Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió que haber alcanzado US$ 37 millones de inversión en exploración en julio “es un juego de niños, esa es una cantidad menor, nosotros merecemos inversiones de algunos cientos de millones de dólares y eso no está ocurriendo, las inversiones no están viniendo”.

Retroceso mundial

Sobre el mismo tema, Miguel Cardoso, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), explicó que el 2021, el Perú (pese a ser el segundo productor mundial de cobre) apenas atrajo al 3.9% de la inversión mundial en exploración, cuando años atrás atraía al 7%, y en ese entonces el objetivo del Minem era atraer al 8%.

“En el 2020 caímos en 31% en esa inversión, mientras el mundo cayó 10%. En el 2021 el mundo creció 35%, y el Perú solo 18%. Eso equivale a caer dos veces. Porque primero caemos más y luego nos recuperamos menos. Y por eso es que el 2021 apenas llegamos al 3.9%, y para el 2022 no vamos a aumentar; estamos fritos”, comentó Cardoso.

Causas de la caída

A su turno, Gálvez explicó que hay diversas causas por las cuales la inversión minera en general, y la exploratoria, en particular, están declinando.

Si bien hace poco el ministro de Economía, Kurt Burneo, aseguró que (ahora) este Gobierno no prevé modificar el marco tributario para el sector minero, el director de la SNMPE consideró que el esquema impositivo a la minería no es el problema, sino la falta de confianza que genera este gobierno, pues insiste en querer cambiar la Constitución.

“En segundo lugar, ya está claro que tenemos un gobierno liderado, según la Fiscalía (…), por un cabecilla de una banda criminal. En esas condiciones ninguna inversión está dispuesta a venir al Perú. Habrá que esperar que la banda criminal salga del gobierno”, fustigó Gálvez.

Un factor normativo que frena estas inversiones explicó luego es que el obtener un estudio de impacto ambiental (EIA) para un proyecto de exploración ahora requiere pasar por consulta previa, con lo cual su obtención puede tomar de dos a tres años.

Retrasos ambientales

Para Miguel Cardoso, Perú es el país que más tarda en dar permisos ambientales en exploración a nivel global. “En otros países mineros se demora 3 meses (obtener esos permisos), en Perú la regla es año y medio, pero hay proyectos que tienen 4 años y aún no tienen permisos ambientales; eso en exploración es un desastre absoluto”, aseveró.

Detalló que el Decreto Supremo 042 dado en diciembre el 2017 y que se aplica el 2018, que regula los permisos ambientales para exploración, incorpora el silencio administrativo negativo, es decir, si no hay respuesta al trámite de la empresa (en un plazo dado) significa una denegación factual para poner en marcha el proyecto.

Fuente: Gestión

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