• José Williams presenta proyecto para autorizar apoyo militar en estos casos

El presidente del Congreso, José Williams, planteó, mediante un proyecto de ley, incluir a la minería ilegal en la lista de escenarios en los que las Fuerzas Armadas tienen autorización para el empleo y uso de la fuerza.

La iniciativa legislativa, presentada en la víspera, busca modificar, con ese fin, el numeral 4.3 del artículo 4 del decreto legislativo 1095, así como el artículo 23 de dicha norma, que regula las acciones de las instituciones castrenses que implican uso de la fuerza.

En el artículo 4 de este decreto se indica cuál es la finalidad de ese tipo de intervenciones por parte de las Fuerzas Armadas.

Se señala en el texto original de la norma que, en el contexto de declaración de estado de emergencia, el uso de la fuerza por parte de las instituciones militares puede darse en casos de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo y para la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

El proyecto de ley presentado por José Williams añade a estos casos los referidos a la minería ilegal.

Ámbitos de intervención

Respecto al artículo 23 del decreto legislativo 1095, se suma esta actividad ilícita a aquellos ámbitos en los que las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional.

Dichos ámbitos son también los vinculados al tráfico ilícito de drogas, al terrorismo, la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y “otros casos constitucionalmente justificados en que la capacidad de la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno, sea previsible o existiera el peligro de que esto ocurriera".

Entre los argumentos expresados para sustentar la norma, se recalca que se ha convertido en una actividad económicamente rentable, pero que invade áreas del territorio nacional, contamina agua y suelos y devasta la biodiversidad.

En ese sentido, se argumenta que la minería ilegal “impacta negativamente en la calidad de vida de los habitantes, altera la economía y amenaza el desarrollo y la seguridad nacional”.

Fuente: Andina