Lima, 04 de agosto de 2023. La presidenta Dina Boluarte sorprendió al país con un mensaje de 28 de Julio en el que se refirió escuetamente al sector minero.

Víctor Góbitz, presidente de la Cumbre Minera de PERUMIN 36 Convención Minera y también presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), rescata, sin embargo, la parte positiva del discurso presidencial, la cual fue el deslinde con el régimen anterior (de Pedro Castillo). En ese sentido propone una serie de medidas para inyectar confianza a los inversionistas mineros y reactivar la economía.

¿Le pareció un error u olvido grave el poco espacio que la presidenta Dina Boluarte le dedicó a la minería en su mensaje por 28 de Julio?

La minería es un sector económicamente importante, pero en el contexto de crisis que el gobierno enfrenta desde hace ocho meses no me molesta que se la mencione poco. Puede sonar contradictorio, pero la presidenta se dirigió en su mensaje al grueso de la población, no al sector minero, y por eso colocó en primer lugar la crisis de la criminalidad, la falta de empleo y la poca calidad de los servicios públicos.

¿Eso explica que la presidenta no haya mencionado a la minería?

Sí la mencionó. Mencionó a Quellaveco en algún momento, como un ejemplo de la gran minería. Mencionó las certificaciones ambientales en exploración, que no es una cifra tan grande en relación a toda la industria minera, pero lo mencionó. Y dijo también que espera tener resueltos los permisos ambientales en lo que resta de este año. Y un cuarto tema es contar una iniciativa legislativa para abordar las economías criminales.

¿Cómo la minería aurífera ilegal?

Sí, y como el narcotráfico y la trata de personas, pero, al ser tan largo el discurso, estos temas quedaron un poco acotados. Pero entiendo el contexto. No pretendo que (la presidenta) hable mucho sobre minería. Para eso tendremos que ir a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para conocer los detalles. Y otro tema que quiero destacar es que la mandataria fue muy enfática en deslindar con el régimen anterior.

¿Con el gobierno de Pedro Castillo?

Este deslinde es importante porque no habló de manera confrontacional, sino que se refirió al Acuerdo Nacional como el espacio de diálogo que debe haber entre los peruanos. Y no hablo de nueva Constitución. Por eso, me quedo con el lado positivo del mensaje.

La presidenta habló de temas generales, correcto, pero si tuviera que dirigirse al sector minero ¿qué temas debería abordar?

El país requiere una inyección de inversión. En ese sentido, un tema que debería ponerse a debate para reactivar la economía en el corto plazo es cómo acelerar todos los proyectos que supongan un incremento de producción no mayor al 15% y que se ejecuten en la misma huella operativa. Por ejemplo, el montaje de un molino adicional para eliminar cuellos de botella.

¿Se refiere a proyectos de ampliación de infraestructura, pero pequeños?

Claro. Hay ampliaciones, mejoras tecnológicas y eliminación de cuellos de botella, proyectos que sumados, puedan levantar la producción en 10% y hasta 15%. Esto se desarrolla en la misma huella operativa y ambiental de las minas. No requiere compra de tierras, por lo tanto, debería tener un camino expeditivo. Esto debería ser la agenda de discusión en la mesa ejecutiva donde se sientan el sector minero y público para ver como destrabar los proyectos y evitar la superposición o duplicación de normas.

¿Esta iniciativa impulsaría las inversiones en minería?

Si la responsabilidad de revisar y aprobar esos proyectos estuviera en las manos del Minem, dado el contexto de menores precios de los metales en que nos encontramos, sería una manera rápida de impulsar las inversiones en minería.

¿Cómo vienen las inversiones mineras este año?

En el tema de las inversiones estamos impactados porque ya no tenemos el efecto de la construcción de Quellaveco. Eso significa que este año vamos a estar en torno a los US$3.500 millones o US$4.000 millones (-24% a -34% respecto al 2022). Pero si logramos impulsar las inversiones brownfield con un sistema renovado de ITS (instrumento de gestión ambiental para realizar modificaciones menores) podríamos crecer en el 2024.

¿Cuál sería el impacto de esta iniciativa en la producción minera?

Este año vamos producir 2,8 millones de toneladas de cobre. Pero si lográramos, bajo este esquema, crecer un 10% a 15%, eso equivale a construir un Quellaveco. Esa es la dimensión del esfuerzo, y ese esfuerzo vale la pena.

¿Eso añadiría 0,2 o 0,3 puntos porcentuales del PBI?

Correcto.

FUSIÓN DEL SENACE

¿Y que plantean en la SNMPE para el mediano plazo?

En el mediano plazo lo que tenemos que consensuar es que el Perú necesita tener una sola gran agencia que se encargue de las certificaciones ambientales.

¿El Senace no se encarga de esto?

Al día de hoy, uno presenta los documentos en el Senace pero, finalmente, quienes opinan y observan el documento y hacen que el proceso sea muy largo son la ANA, el Serfor, el Sernanp y otros. Esto debería ser parte de la discusión de mediano plazo porque lo que necesitamos es celeridad. Nadie pide flexibilizar estándares, sino tener certidumbre y agilidad. Y esa gran entidad que agrupe a todas las instituciones ambientales debería ser, en mi opinión, la PCM, que es el organismo estatal que tiene una mirada más holística y no de silo.

¿Y qué pasaría con el Senace según este planteamiento?

Se haría lo que se conoce en la industria como una fusión. No hablamos de desprendernos de todos los profesionales del sector ambiente sino de que los profesionales del Senace, el ANA, el Serfor y el Sernanp trabajen todos juntos en una sola organización. Es un concepto para ganar eficiencias.

¿La idea es fusionar todas las entidades ambientales?

Esa es la idea. ¿Necesitamos un Estado fuerte? Sí, pero un Estado fuerte y ágil, para dar un impulso a la inversión.

¿Y esto permitiría que salgan adelante los proyectos greenfield, que son los más difíciles de desarrollar?

Claro. Esa es la inyección de confianza. La confianza no ocurre porque el Gobierno lanza un discurso llamando a las empresas a invertir. Se trata de implementar medidas concretas para que la inversión se lleve a cabo. Y lo mismo ocurre con la exploración minera: debemos lograr tener los plazos de aprobación de permisos de la mejor jurisdicción del mundo, que es Nevada. Hablamos de tres meses. Y no de tres años como en Perú.

MINERÍA ILEGAL

¿Esto lo han conversado con el Gobierno?

Lo venimos conversando, pero lo que falta es pasar a la acción porque lo que es evidente es que el Perú, después de estas crisis por las que estamos atravesando, necesita un impulso a la inversión. Y un último tema es que el sector privado y estatal deben trabajar juntos para resolver el problema de la minería ilegal e informal.

¿Tienen un planteamiento para resolver este problema?

Hay que reconocer que hemos cometido un error en dar la responsabilidad de mirar por la pequeña minería y minería artesanal a los gobiernos regionales y direcciones regionales de minería (DREM). Y lo que ha resultado de eso son muchos accidentes fatales y una proliferación de plantas de beneficio que, en el caso del sector aurífero, superan en número a las minas (formales). Y eso es algo que hay que corregir.

¿Quiere decir que ese exceso de capacidad instalada es cubierto con mineral de procedencia informal o ilegal?

Claro. Cualquier persona puede sacar un permiso en una DREM y montar una planta de 350 toneladas por día, que no es pequeña. El problema es que, si tienes una planta de beneficio pero sin una mina vinculada a ella, te conviertes en un acopiador de mineral. Y como acopiador terminas siendo un promotor de la minería ilegal y criminal. Entonces, hemos creado un sistema muy perverso.

¿Esto se solucionaría realizando un inventario de plantas?

Debemos de conseguir que el brazo del Estado llegue hasta donde están estas plantas de refinación que siguen bajo responsabilidad de los gobiernos regionales y que están fuera de control.

¿Qué entidad del Estado debe hacer ese control?

Esto debe regresar a la Dirección General de Minería del Minem, al OEFA y a Osinergmin. Ninguna de estas entidades fiscaliza. Entonces, hemos cread un mundo paralelo que está poniendo en riesgo la actividad formal.

Fuente: El Comercio