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Sindicato de Cuajone señala que todo sigue igual tras estado de emergencia: “No encontramos ni una gota de agua”

Tras la declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), se pronunció el dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de Operaciones Cuajone y Anexos, Luis Zambrano, quien confirmó que la situación continúa igual y no se observa presencia policial ni de fuerzas armadas en el campamento minero.

En entrevista para RCR Perú, el dirigente expresó la gran preocupación que los embarga. “No hay tránsito en la línea férrea, no encontramos ni una gota de agua en nuestros domicilios, lo mismo que hace 60 días atrás (…) Nosotros nos encontramos muy preocupados por la situación, pero tratamos que se siga manteniendo la calma”, comentó.

Según explicó en la víspera la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, la declaratoria de emergencia tiene el fin de evitar enfrentamientos que puedan poner en riesgo la integridad física de los trabajadores mineros y comuneros, “tiene que ingresar el principio de autoridad, en esas líneas, se declara el estado de emergencia”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, la ministra aclaró que con esta reciente decisión no se ha terminado el diálogo con los comuneros, al contrario instó al diálogo y enfatizó que el gobierno apoya y valora los pedidos de todos los peruanos.

Al respecto, Luis Zambrano, dirigente del sindicato de Cuajone, hizo un pedido de retomar el diálogo hacia buenos términos entre el Gobierno, la empresa Southern Perú y los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala.

“Yo pediría tanto al Gobierno como a los hermanos comuneros que todas estas cosas se lleven a mejor término, que los comuneros lleguen al diálogo con la empresa para llegar a buen término. No como se está queriendo llegar prácticamente a una lucha de pueblo contra pueblo, que llegaría si se sigue radicalizando estas cosas”, dijo Luis Zambrano.

Cabe mencionar que este conflicto social perjudica a 5,000 personas del campamento minero familiar de Cuajone, además afecta al empleo local, la cadena de abastecimiento, la recaudación de recursos en todos los niveles de Gobierno, lo que desfavorece la estabilidad financiera del país, y externamente también proyecta inestabilidad ante posibles inversiones.

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