En la misiva firmada por Óscar González Rocha, la minera confirma que participará en la mesa de trabajo que buscará resolver los conflictos actuales.

Hace más de un mes, Southern Perú suspendió las operaciones de su mina Cuajone, luego de que las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala iniciaran una protesta en la zona por presunta usurpación de terrenos, solicitando la compensación por el uso de su territorio, así como otras compensaciones económicas permanentes por parte de la minera.

Desde dicha fecha, la comunidad campesina ha bloqueado la línea férrea que Southern utiliza para movilizar sus minerales, como cobre y zinc, y también interrumpió el servicio de agua potable hacia el campamento minero de Cuajone. El Banco Central de Reserva (BCR) estimó que solo en el mes de marzo, por la suspensión de actividades en dicha mina, se está perdiendo un 0.5% del PBI.

La comunidad campesina, además, exige a Southern Perú una compensación de US$ 5.000 millones por el acceso a territorio que, según aducen, le pertenece; y un pago permanente del 5% de utilidades netas de la mina.

Hasta la fecha, el Gobierno de Perú no ha logrado concretar un acuerdo entre la empresa y las comunidades, a pesar de acuerdo que se firmaron el pasado 18 de marzo y reuniones que se han estado dando entre las partes. Este jueves 31 (hoy) se dará otra mesa de trabajo en las instalaciones del Gobierno Regional de Moquegua, y ayer Grupo México –matriz de Southern Perú– confirmó a la Presidencia del Consejo de Ministros su participación en la misma.

En una misiva enviada a la PCM a la que accedió Bloomberg Línea, Óscar González Rocha dijo que la empresa tiene voluntad de establecer un diálogo con las comunidades “para construir una solución pronta al sabotaje que padecen nuestro campamento de Cuajone y la operación de la compañía desde el pasado 28 de febrero”.

Señaló, asimismo, que los comuneros protestantes tomaron el reservorio de agua de Viña Blanca utilizado por el campamento de Cuajone, lo que ha dejado sin este servicio a las más de cinco mil personas que viven en dicho lugar.

“Consideramos necesario manifestar que, en vista de los reiterados ataques y amenazas en contra de nuestros trabajadores y sus familias, y en aras de la seguridad e integridad de nuestros representantes y nuestro personal, es indispensable confirmar el desarrollo de esta sesión en el lugar indicado por la PCM, el cual garantiza las condiciones y seguridad indispensables para un diálogo respetuoso y constructivo, apegado al Estado de Derecho y a la institucionalidad de nuestro país”, apuntó González Rocha en el comunicado.

Fuente: Bloomberg Línea