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¿Tiene la minería peruana legitimidad en el país?

En los últimos 20 años, los conflictos sociales han ido en aumento, al extremo de paralizar las operaciones mineras y, en consecuencia, frustrar proyectos de inversión minera, los mismos que resultan necesarios para el desarrollo del país. Así lo indicó José Manrique, gerente legal de Altius Estrategia y Gestión Social, en una conferencia magistral organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Los proyectos mineros reúnen estrictamente todos los requisitos legales, pero resulta contradictorio que pese a ello, no puedan salir adelante, sino que ven paralizadas sus operaciones con claras acciones que contradicen a la legalidad, a la Constitución. Esto pone en tela de juicio cuán efectiva es la ley en nuestro país”, afirmó el expositor.

Pero ¿qué es la legitimidad? Según el conferencista esta hace referencia a las normas o valores que son aceptados por la sociedad, extendiéndoles credibilidad y confianza. Mientras que, la legalidad, está vinculada a los aspectos legales, normativos y tributarios que rige un país para el buen desenvolvimiento de las actividades.

Falta de legitimidad del Estado

Asimismo, José Manrique sostuvo que uno de los principales móviles de los conflictos sociales en nuestro país responde a que las comunidades que son impactadas ambiental y socialmente por la inversión minera no creen en la legitimidad del Estado, simplemente porque esta carece de ella. 

“Resulta que en nuestro país, algo que nos caracteriza es que no hay legitimidad. Y nos podemos dar cuenta de ello a través de las percepciones que las poblaciones tienen con respecto a la minería, lo que hace que actúen de esa manera y digan no a la inversión minera”, remarcó.

Entre las principales acusaciones que se le hacen a la industria, se encuentra la supuesta polución al medio ambiente por parte del desarrollo de las operaciones mineras, lo cual fue descartado por el especialista, pues la minería es la industria más regulada en el país. 

Además es una industria que aplica altos estándares ambientales a nivel internacional, especialmente la gran y mediana minería. El expositor hizo hincapié en la importancia de definir la diferencia entre contaminación e impacto ambiental.

“Ese pensamiento colectivo nos hace pensar que los mineros no hemos logrado legitimidad, solamente hemos logrado legalidad. Y ahí está la falencia”, comentó. 

Las posibles causas

Manrique explica que, una de las causas que han debilitado la legitimidad del sector responde a la actitud asumida por los principales actores frente a resolución de problemas, debido a que muchas veces se ha optado por culpar a terceros, lo cual es percibido por las comunidades como un desentendimiento de la responsabilidad que les cabe. 

Además, esta situación se agrava teniendo en cuenta los prejuicios, estereotipos y paradigmas que giran en torno a la minería. 

En ese sentido, el abogado de Altius destaca la importancia de promover una mayor participación entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada a fin de lograr acabar con las fuentes de agravio que perjudican el buen desarrollo de las actividades mineras.

“Es necesario que los mineros trabajemos arduamente en ello, respetando siempre el comportamiento ético de las normas, valores, creencias, cultura y aspiraciones de las comunidades. Sin legitimidad, no hay manera de sacar adelante proyectos mineros”, finalizó.

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