• Víctor Góbitz, presidente de la SNMPE , advierte que la “violencia sin rostro” está matando la agenda país y creando una situación anormal de zozobra para la minería.

La violencia ejercida por manifestaciones descontroladas en el centro y sur del país tienen en jaque constante la minería. La empresa que más sufre este escenario es Minsur, productor de estaño centrado en Puno, cuyas operaciones están detenidas hace más de un mes.

Víctor Góbitz, ingeniero de minas que conduce el timón de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) desde este mes y es expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), es claro al respecto: “No se trata salir a las calles, incendiar las instalaciones (minas) e imponer una agenda. Eso es inaceptable”, sostiene en esta entrevista.

¿Cuál es la situación la minería en este momento? ¿Continúan los ataques contra las operaciones mineras?

Sí. La situación sigue siendo crítica en Puno. En esta región, la mina de estaño (San Rafael) no ha logrado reestablecer operaciones. Este es, por largo, el problema más crítico. Y las minas vinculadas a Cusco y Apurímac (Las Bambas, Constancia y Antapaccay) están operando, pero con dificultades. Incluso, en estos días hemos visto un ataque vandálico contra un proveedor de servicios de Antapaccay. Esa es la situación. El problema está centrado en el sur.

¿San Rafael está paralizada desde la jornada sangrienta en Juliaca? Eso ocurrió hace más de un mes.

Correcto. Desde esa fecha la operación está detenida.

¿Sabe si también la mina Julcani, en Huancavelica, sigue paralizada?

Allí ya se restablecieron las operaciones a cargo de Buenaventura.

¿Entonces, Julcani y las minas del Corredor Minero ya reanudaron operaciones?

Han reanudado operaciones, pero todavía está al acecho la amenaza (de nuevas paralizaciones). El negocio minero requiere una logística bastante completa de ingreso de materiales y equipos, y de salida de producción. Ese flujo natural todavía no está restablecido con la confianza que debiera.

Leía unas declaraciones suyas donde señala que las tres grandes minas del Corredor Minero representan el 30% de la producción de cobre del país. ¿Ese 30% no se ha perdido?

No, 30% es toda la producción del año. Obviamente no va a caer a cero, pero no es una situación normal. Solamente como referencia: Las Bambas debería producir 400 mil toneladas de cobre al año, pero en 2022 terminó produciendo 250 mil toneladas. Eso te da una idea del problema. Al final del día la mina está operando debajo de su punto óptimo.

¿Han hecho un cálculo de cuanto habría perdido el país en producción de cobre por esta problemática?

No tengo a la mano el cálculo, pero hay que entender que una coyuntura de violencia y con paralizaciones temporales no es nada normal. Y esto no solo trae problemas de menor producción, sino que pone en riesgo la seguridad de las personas. Si un trabajador está fatigado hay un riesgo de que se accidente. Esa es la parte oculta. Hay personas y familias detrás de este drama.

¿Cómo ocurre en San Rafael?

Como en San Rafael. La operación tiene 4 mil trabajadores y la preocupación de estos es si van a seguir trabajando. Porque la compañía puede llevar a cabo una suspensión laboral perfecta. Puede decir: ‘Yo acredito que no puedo operar y que no puedo pagar el salario a estas 4 mil personas’. Y eso lo puede acreditar en un minuto.

¿La paralización de San Rafael, en tanto único productor de estaño del Perú, impactará fuertemente en la producción local de este metal?

Y también en la producción internacional de estaño. Si bien en términos económicos no es una cifra muy grande para el Perú, en el escenario mundial de metales sí es un punto de atención. Es una nota de advertencia para todos los inversionistas mundiales en el país. No puede ser que la violencia sin rostro termine matando la agenda del país.

Con este escenario de conflictividad, cabría esperar que algún proyecto minero salga adelante? ¿O solo veremos las inversiones habituales en minas ya existentes?

Bueno, debemos esperar la inversión en San Gabriel (Moquegua), que es un proyecto de oro de Buenaventura. Los peruanos deberíamos lograr entendernos, también, para sacar adelante Tía María (Arequipa). Pero es cierto, será difícil sacar adelante nuevos proyectos. Sin embargo, no debemos soslayar que las inversiones en sostenimiento no son cifras menores. Las inversiones en Antamina, Inmaculada, Uchucchacua, Tambomayo y otras minas, no son pequeñas. Si uno las va sumando pueden ser equivalentes a un proyecto greenfield (nueva mina).

¿Han hecho ese cálculo en la SNMPE?

Estamos haciendo el esfuerzo para tener esa información y compartirla con la autoridad (el Minem). La diferencia es que en una operación en marcha la decisión de ir adelante solo requiere de una licencia administrativa. El proceso es más sencillo que para una mina nueva. Y para entender por qué no se desarrollan nuevas minas, debemos advertir que las inversiones en minería son cifras muy grandes que requieren estabilidad jurídica y pleno estado de derecho. Mientras esto no se restablezca las inversiones van a estar impactadas.

¿Entonces, no veremos nuevos proyectos mineros este año?

Es poco probable que veamos una nueva mina en este escenario, porque los plazos de retorno de inversión de los proyectos greenfield son distintos a los de un proyecto brownfield (mina en marcha). En este caso el negocio ya está andando y el retorno a la inversión es más pronto.

¿Qué plantean en la SNMPE para resolver esta problemática?

El punto de partida es cesar la violencia, pero sin usar la violencia. Y entender que el proceder del Ejecutivo está en esa posición, siguiendo el ordenamiento constitucional. Esto, aparentemente, la población lo pierde de vista. Si quisiéramos discutir un adelanto de elecciones tiene que haber rostros con quienes discutir. No se trata de salir a las calles, incendiar las instalaciones e imponer una agenda. Eso es inaceptable.

¿Se han reunido con el gobierno para tratar esta situación?

Sí. Hemos tenido una reunión con el ministro (de Energía y Minas) Oscar Vera. Y también hemos tenido una reunión con la presidenta de la República, Dina Boluarte.

¿De qué conversaron?

En ambos casos, les hemos expresado nuestra preocupación porque las inversiones en minería no son cifras menores y se requiere estabilidad, en el buen sentido de la palabra, para llevarlas adelante. Y también les transmitimos que la SNMPE tiene una propuesta para formalizar la minería aurífera y lograr que las autoridades en las regiones tengan una mejor gestión pública, ayudando con planes y unidades ejecutoras mucho más robustas y maduras.

¿La violencia social es, sin embargo, la principal preocupación para la minería ahora?

Si no logramos resolver esto en el corto plazo, se nos va a complicar el partido. Por eso, lo que siempre estamos haciendo es esforzarnos en ver qué medios y espacios de dialogo podemos crear para que cese esta violencia.

¿En la SNMPE vuelven, entonces, a ponerse en contacto con el Ejecutivo, como no ocurría en el gobierno de Pedro Castillo?

La SNMPE es un gremio empresarial que ha cumplido 127 años. Y digo este número para resaltar su compromiso con el Perú, que va más mucho allá de lo que puede ser un gobierno en particular. Y en este minuto, en esta coyuntura, estamos conversando porque necesitamos restablecer las condiciones normales del Perú, que siempre ha sido un país acogedor donde se puede invertir y donde hay un potencial minero por desarrollar muy significativo. Si hay un enemigo, ese es la pobreza y para derrotarla necesitamos del esfuerzo de todos.

¿Qué otras preocupaciones tienen en este momento?

Varios temas. Debemos tener mayor presencia en las regiones. La actividad del gremio empresarial incluye a minería, hidrocarburos y energía y es descentralizada. Lo que debemos hacer es lograr que los proyectos en estos tres sectores sean entendidos e incorporados en los planes de desarrollo de las regiones.

Fuente: El Comercio