178 Desarrollo territorial y minería en el marco de un proyecto de cooperación que concluye a Ànes de este año, 2023. No es esa nuestra propuesta. De hecho, este tipo de agencias se ha enfocado en la promoción de la productividad e innovación en ciertas cadenas de valor, principalmente agropecuarias; es decir, en un solo componente del desarrollo territorial. Además, por su forma jurídica, no pueden seguir existiendo si no disponen de los recursos de cooperación que hoy les dan vida. En el caso del Ànanciamiento, por otro lado, los modelos también son diversos. La falta de normativa para articular recursos del sector público y privado, la tremenda carga procedimental del Estado y los riesgos de corrupción suelen entorpecer la posibilidad de una estrategia de Ànanciamiento compartido, que pueda multiplicar la inversión y solvente la agenda de desarrollo. Muy por el contrario, las intervenciones de Ànanciación suelen ser fragmentadas y muy desconectadas entre sí, cada una con resultados muy difíciles de interpretar en términos de desarrollo relativo. Los gobiernos descentralizados en territorios mineros, como lo hemos visto, reciben un volumen importante de recursos, pero con restricciones para su uso: difícilmente se admiten gastos corrientes y el 75 % del gasto debe corresponder a ejecución de infraestructura. Pero, además, escasas veces hay una coordinación efectiva con el gobierno nacional, que mantiene su propia lógica sectorial y de prioridades para las inversiones en cada territorio. Entre tanto, muchas empresas privadas intentan apoyar a la inversión pública con estudios de preinversión o capacitaciones para autoridades y servidores públicos, pero la mayoría de sus proyectos de inversión social suelen seguir una política interna especíÀca. Bajo esta dinámica, tan dividida entre sí, es difícil que esos recursos puedan alinearse con las prioridades de
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