188 Desarrollo territorial y minería principales: la sociedad civil, la empresa privada y el gobierno territorial. Precisamente estos intereses ejercerán presión al momento de buscar consensos, plantear objetivos compartidos y establecer alianzas, y mucho más en situaciones de conÁicto. Usualmente, los intereses involucrados son los siguientes: − En la población, la necesidad de obtener beneÀcios por su convivencia con la empresa minera, los cuales puedan traducirse en oportunidades económicas concretas como en la provisión de bienes y servicios públicos. − En las empresas mineras, lo vital es mantener la continuidad de sus operaciones y garantizar su sostenibilidad hasta el Ànal de la vida útil de sus inversiones. − Por último, para los representantes del Estado, es fundamental aplacar las crisis sociales para mantener la gobernabilidad, cuidar la marcha de la economía y el Áujo de los ingresos públicos, así como atraer mayores inversiones. En este punto, además, también entra en juego el cumplimiento de promesas electorales en el caso de los gobiernos locales y, dependiendo de la situación, de los gobiernos regionales. Evidentemente, los tres actores persiguen intereses muy distintos, pero no necesariamente opuestos. En realidad, la necesidad del Estado por proteger el Áujo de sus ingresos públicos está íntimamente relacionada con la permanencia de la empresa minera en el territorio, lo que a su vez puede generar mayores oportunidades y facilitar recursos y capacidades al territorio que, por otra vía, podrían no llegar a él. Sin embargo, para encontrar estos puntos en común y convertirlos en oportunidades de converger en estrategias de desarrollo que beneÀcien a todos, es preciso relacionarse y participar en espacios de diálogo y participación colectiva, así como construir conÀanza entre los actores. Un escenario que el comportamiento actual de cada actor no necesariamente facilita.
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