191 IV. Planteamiento canon no llega a traducirse en mejoras de calidad de vida y crecimiento económico local. O, peor aún, cuando los compromisos de determinado nivel de gobierno en una mesa de diálogo, en el marco de una crisis social, no llegan a cumplirse o no se cumplen según lo acordado. Entonces, la desconÀanza en el Estado aumenta y las expectativas se traducen en una lógica cada vez más transaccional, cortoplacista y coercitiva. La población, al sentirse estafada y no percibir cambios concretos en su calidad de vida, presiona para que los recursos le lleguen lo más rápido posible y de la manera más tangible. Es comprensible, pero también insostenible y riesgoso a largo plazo. Especialmente porque esta mirada enfocada en los beneÀcios inmediatos que pueden obtenerse de la empresa minera ignora una cuestión clave: ¿qué quedará para el territorio una vez que la operación minera termine? Un proyecto minero es de largo aliento, pero nunca es perpetuo. En realidad, su tiempo de operaciones media las cuatro o cinco décadas. En ese contexto, crear relaciones transaccionales o de dependencia con una empresa de este tipo es, a mediano y largo plazo, perjudicial para el desarrollo de una sociedad. O, puntualmente, insolvente. Por eso, es urgente que las sociedades territoriales replanteen sus prioridades y, con esa base, también sus roles. c. Los distintos niveles de gobierno Mientras más local es un gobierno, mayor es su diÀcultad de apartarse de las preferencias de sus ciudadanos. Por eso, en situaciones de conÁicto, los alcaldes suelen alinearse a los reclamos de la población. Pueden estar de acuerdo o no, pero hacer lo contrario será a todas luces deslegitimarse frente a sus electores. Su postura, por tanto, es absolutamente vulnerable a la presión y las protestas. Pero, además, esta vulnerabilidad, en adición a la presión
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