192 Desarrollo territorial y minería electoral, se agudiza gravemente cuando los reclamos se desvirtúan en amenazas de violencia amparadas en la impunidad ante la ley, usualmente por parte de grupos minoritarios. El caso de los gobernadores regionales es relativamente distinto o, por lo menos, tiene más margen de movimiento, por su mayor distancia a los espacios locales. De hecho, en algunas crisis desatadas en el país, fueron precisamente los gobernadores quienes asumieron el rol de mediador entre las partes enfrentadas. En ambos casos, hay que decir, el comportamiento de los gobiernos territoriales está limitado por la falta de capacidades y competencias, que es el resultado de una política de descentralización que no ha logrado revertir esas debilidades; y por las restricciones para ejecutar los recursos del canon y las regalías en proyectos que no sean de infraestructura. En cuanto al gobierno nacional, su comportamiento está determinado por su foco en la promoción de la inversión privada para generar mayores Áujos de ingresos públicos. Pero su participación en los mecanismos de diálogo es, en la gran mayoría de los casos, reactiva ante la escalada de un conÁicto social. Por otro lado, sus inversiones en términos de servicios públicos, acceso a justicia y derechos, o la implementación de mecanismos que promuevan estas inversiones, son aún casi inexistentes en gran parte de las zonas remotas del país. 3.3 El rol requerido de cada actor para la gobernanza territorial Lo repetimos nuevamente: cada actor vinculado a una estrategia de desarrollo territorial o a la construcción de gobernanza para
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