220 Desarrollo territorial y minería asumidos en espacios de diálogo y el seguimiento del avance de su cumplimiento. − La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM y los órganos de gestión social de los sectores involucrados, para monitorear y coordinar sus capacidades, recursos y estrategias para la prevención y gestión de conÁictos sociales. − El Ministerio del Interior y el Ministerio Público, para identiÀcar las acciones criminales y promover su diferenciación con las protestas legítimas. Visibilizar los procesos de atención oportuna y preventiva de la criminalidad. − La Defensoría del Pueblo, que debe apoyar y acompañar los procesos de diálogo en el territorio como instrumento para fortalecer la gobernabilidad democrática; diferenciar acciones criminales de actos de protesta legítimos; promover la transparencia en el cumplimiento de los compromisos del Estado con la ciudadanía. − Entes regulatorios y Àscalizadores ambientales, que deben apuntar a fortalecer su máxima neutralidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones; desplegar acciones preventivas de fortalecimiento de capacidades y gestión transparente y oportuna de la vigilancia ambiental; e institucionalizar la gestión de la supervisión con la incorporación de profesionales de planta y no temporales. En este marco, para garantizar la eÀcacia del Sistema Nacional de Diálogo y Gestión de ConÁictos Sociales, se debe asegurar su despliegue en el territorio del país a través de comisionados (representantes) de la PCM y de los sectores o instituciones más relevantes en el tema, como el MINEM, MTC, MINAM, MINEDU, MINSA, MIDIS, MVCS, MIDAGRI y MININTER. La distribución de estos representantes debe tomar en cuenta su convergencia
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