37 Introducción aplicada cuando el conÁicto ya es una situación de crisis y, por tanto, el diálogo resulta mucho más difícil. Como consecuencia, se llega a acuerdos apurados, no necesariamente realistas, que muchas veces no llegan a cumplirse y dilapidan la autoridad y legitimidad del Estado. Con una desconÀanza cada vez mayor en los acuerdos y las posibilidades de su ejecución, los instrumentos y espacios de negociación se agotan y, en casos más extremos, se desvirtúan con exigencias inmediatas o transaccionales por parte de la población, perdiendo de vista objetivos de mayor alcance. La institucionalidad resulta peligrosamente comprometida. Es, en términos generales, el fracaso de un conjunto de políticas que, a pesar de sus buenas intenciones, no han contribuido eÀcazmente a la prosperidad de los pueblos ni han servido para evitar o disminuir las tensiones entre tres actores claves: las poblaciones, la empresa minera y el Estado. Las hipótesis sobre la raíz del problema y sus posibles soluciones pueden ser varias. Por ejemplo, el déÀcit de capacitación de los funcionarios de los gobiernos locales y regionales en gestión del presupuesto público, los serios problemas de corrupción en la ejecución de proyectos de desarrollo o las limitaciones estructurales del sistema de administración pública, sobrecargado de procedimientos y detalles operativos, que precisamente apuntan a reducir el riesgo de corrupción, pero impiden una gestión rápida y de calidad a nivel descentralizado. Pero las inversiones en capacitaciones, aunque bastante frecuentes, siguen sin resolver su principal obstáculo: la volatilidad de los cargos directivos en los gobiernos regionales y locales. Mientras, una transformación de la administración pública, a pesar de ser urgente, supone un esfuerzo titánico que involucra múltiples reformas interrelacionadas y el compromiso de sucesivos gobiernos, y su impacto, en términos de desarrollo relativo, será visible a mediano plazo.
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