44 Desarrollo territorial y minería millones de soles a los gobiernos regionales y municipales de los departamentos, provincias y distritos mineros. De hecho, desde el nuevo milenio, el canon, las regalías y los derechos de vigencia sumaron más de 65 000 millones de soles, a tal punto que la diferencia de recursos recibidos entre un distrito minero y uno no minero llega a ser del triple. Pero, paradójicamente, en ese mismo periodo también se han multiplicado los conÁictos sociales en zonas mineras. Es más, de todos los conÁictos sociales activos registrados en el país entre 2017 y 2022, más de la mitad estuvieron vinculados con la minería y los hidrocarburos. El promedio fue de 51,4 % a 58,5 %, con una escalada al 60,9 % en los meses más duros de la pandemia2. Un síntoma que sugiere que las transferencias de capital a los municipios, a pesar de su volumen, no han logrado construir relaciones sólidas entre las comunidades y las empresas. En realidad, tampoco mejoraron la percepción sobre la actividad minera: según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el 27,3 % de los peruanos tiene una percepción negativa de las industrias mineras y de hidrocarburos (Balza et al., 2021, p. 1). Mientras tanto, en los territorios mineros, las gestiones del conÁicto resultan cada vez más difíciles. Existe una desconÀanza extendida en los mecanismos de resolución y las formas de negociación son cada vez más transaccionales; incluso, en casos extremos, se degradan en medidas de fuerza y violencia. Las explicaciones de la persistencia de los conÁictos sociales asociados a las actividades mineras son múltiples por la cantidad y diversidad de los casos. De hecho, aunque la causa central, desde el inicio, respondía a reclamos de índole ambiental, las grandes iniciativas para mejorar la regulación, Àscalización e inclusión 2 Cifras obtenidas sobre la base de los reportes mensuales de conÁictos sociales (número 159, 171, 183, 195, 207 y 219) de la Defensoría del Pueblo.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTM0Mzk2