51 I. Diagnóstico como planeamiento y gestión4, no claramente asociada a proyectos de inversión pública, como manda la norma. Esto demuestra que, si bien la distribución del impuesto a la renta de las empresas mineras podría ser un empuje vital para los territorios, su sola existencia no basta para colocar en una clara posición de ventaja a los distritos mineros frente a sus vecinos no mineros, ni para cumplir la promesa de desarrollo que se le atribuyó. Por otro lado, tal magnitud de capital tampoco ha facilitado un ambiente positivo entre las comunidades y las empresas mineras, mucho menos una buena imagen alrededor de la actividad. Muy por el contrario, durante la última década, las crisis sociales se dispararon. 2. ALTA TENSIÓN: CONFLICTOS SOCIALES EN EL PERÚ En 2007, según la Defensoría del Pueblo, cada mes se activaba un promedio de ocho conÁictos sociales asociados a la minería en el Perú. En 2021, esa cifra escaló hasta 61 cada mes (Videnza Consultores, 2022, p. 2). No solo eso, más del 50 % de los conÁictos en el país están relacionados con la actividad minera. Por otro lado, un análisis del número de casos activos reportados por departamento cada mes, de 2007 a 2020, nos permite identiÀcar las regiones con mayor conÁictividad: Áncash (9), Cajamarca (7), Apurímac (5) y Puno (4) (Videnza Consultores, 2022, p. 8). En cuanto a la naturaleza de los reclamos, más del 70 % de los conÁictos mineros aluden a causas ambientales. En esa misma línea, 1 de cada 3 conÁictos sociales en el Perú está relacionado con la amenaza o la disputa por el uso de algún recurso hídrico. Al menos en un primer término. En realidad, aunque en los memoriales y 4 Se reÀere a la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia en el ClasiÀcador Presupuestal del sector público, la cual, como se inÀere de su nombre, no está concebida para acoger principalmente gastos de inversión pública.
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