52 Desarrollo territorial y minería las plataformas de lucha los reclamos muestren una fuerte carga ambiental, cuando se analizan las actas de acuerdos formulados en las mesas de diálogo nos encontramos con otro tipo de negociaciones, especialmente de infraestructura social y oportunidades de empleo y comerciales. Esto podría sugerirnos que las razones ambientales pueden ser utilizadas como una herramienta de negociación, antes de ser necesariamente una preocupación prioritaria. Estas cifras están profundamente conectadas con la naturaleza de la minería moderna. El avance tecnológico de las últimas décadas ha traído dos cambios importantes: la minería requiere cada vez de más espacio en el territorio y puede operar en lugares más remotos, donde coincidentemente la presencia del Estado es muy escasa o nula, muchas veces en áreas rurales altoandinas tradicionalmente dedicadas a la agricultura y ganadería de subsistencia. La presencia repentina de una industria internacional provoca, inevitablemente, un quiebre en el entorno. Y, muchas veces, fricciones y disputas entre la empresa y la población por la propiedad y el uso de la tierra y de otros recursos como el agua. En todo este proceso, además, la presencia activa del Estado como garante es reducida o inexistente5. Frente a un gobierno nacional 5 Las “debilidades estatales” se han presentado en la literatura académica como uno de los factores que explica por qué no ha habido una respuesta efectiva a la gestión de la conÁictividad social. Tanaka (2012) considera que dichas debilidades se asocian a la falta de capacidades institucionales, a una normativa insuÀciente para atender las nuevas dinámicas de expansión minera, así como al número insuÀciente de políticas de Estado orientadas al sector. No obstante, Dargent et al. (2017) exponen cómo los Estados han encarado las condiciones y exigencias vinculadas al comercio internacional de materias primas, para lo cual prácticamente ha sido una obligación producir nuevos mecanismos institucionales no solo para aumentar la presencia, infraestructura y servicios estatales en los territorios donde se ubicaba la industria minera, sino también para confrontar a los nuevos actores desaÀantes que pretendían minar la legitimidad estatal (y de las compañías mineras) a Àn de obtener réditos particulares. Por ejemplo, Baraybar y Dargent (2019) analizan cómo el Estado ha aplicado, si bien tardíamente, regulaciones y trabas al desarrollo de actividades ligadas a la pequeña minería de oro en el Perú, Bolivia y Colombia.
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