53 I. Diagnóstico ausente, que no vigila el cumplimiento de las normas y los compromisos asumidos por ambas partes y el propio Estado con la población, los gobiernos regionales y locales tampoco pueden hacer mucho, por su poca capacidad de gestión, la presión de sus compromisos electorales y una debilidad de origen, a causa de las deÀciencias de lo que ha sido el proceso de descentralización. Así, empresa y población están obligadas a interactuar y comprenderse por cuenta propia, lo que decanta en una intervención de la empresa ceñida a su perímetro de impacto, limitada a lo que le exige la normativa y a evitar daños socioambientales. Una distancia que, en retrospectiva, contrasta drásticamente con la antigua minería, que, por sus características, empujaba al minero a vivir en el pueblo vecino, y con eso, a conocer personalmente a sus habitantes, enviar a sus hijos a la misma escuela, comprar en el mismo mercado o la misma bodega y celebrar las mismas Àestas. Así, se ha alejado la oportunidad de construir relaciones fuertes con la comunidad y generar una base para el diálogo y las negociaciones, cuando haya situaciones de conÁicto. Pero el reclamo ambiental no es la única causa. Se le suman también otros factores coyunturales, como las expectativas históricamente no satisfechas, por la mala gestión de la inversión por parte del Estado, las pocas mejoras de las condiciones de vida o la falta de demanda de mano de obra en la mina dependiendo de su fase. También la poca información sobre los proyectos y, a veces, la búsqueda de apoyo político por parte de alguno de los actores. Y también, por supuesto, las causas estructurales por las profundas carencias de los territorios rurales, sobre todo andinos y amazónicos, alejados y poco conectados en el Perú. 2.1 De Fujimori a Castillo: un repaso de la conÁictividad minera en el país En los años noventa, con la apuesta de Fujimori por un modelo económico neoliberal, los mercados se abren y el Perú, por sus
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