57 I. Diagnóstico como quienes pueden poner faros sobre las verdaderas necesidades de su población y contribuir a cumplir los compromisos que se iban asumiendo. En consecuencia, las actas y los acuerdos acaban por desprestigiarse aún más y las relaciones con la autoridad siguen deteriorándose en un país donde la imagen de sus instituciones y su transparencia es cada vez más alarmante. De hecho, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial (WEF), entre 141 economías analizadas, el Perú se ubica en el puesto 94 en el pilar de instituciones. Asimismo, la percepción del modelo democrático ha sido fuertemente golpeada: según el Barómetro de las Américas, el apoyo a la democracia se redujo de 62,5 % en 2008 a 50 % en 2021 (LAPOP, 2021). No solo eso, un 17 % preÀere un régimen autoritario a uno democrático, y a un 27 % le resulta indiferente el modelo político del país. Además, el 91 % de la población está insatisfecha con su democracia, y 9 de cada 10 personas creen que los partidos políticos no funcionan bien, la cifra más drástica de América Latina y el Caribe. 2.2 Las instituciones ambientales: fortalecidas, pero con un enfoque limitado Como se observa en la línea de tiempo en la página siguiente, en las últimas dos décadas el Estado peruano ha desplegado varios esfuerzos para incrementar la regulación medioambiental. En 2001, mediante la Ley 27446, se crea el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y cuatro años después, en 2005, se decreta la Ley General del Ambiente. En 2008, además, se crea el Ministerio del Ambiente y también el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito a ese ministerio, que desde entonces supervisa el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas, así como a las entidades de Àscalización ambiental (EFA).
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