60 Desarrollo territorial y minería los EIA presentan un problema de concepto: institucionalizan un enfoque que se limita al impacto y a la reducción de daños. Por un lado, esto recorta el radio de acción, las oportunidades y, por ende, las voluntades y compromisos por parte de las empresas con todas las escalas territoriales con las que se relaciona su operación. Por otro lado, demarca de manera limitada las fronteras de un área de inÁuencia ambiental y social, sin reÁexionar en los factores que verdaderamente sirven para identiÀcar un territorio y sus distintas escalas: las relaciones o interacciones de las personas, sus organizaciones, su pasado, los actores involucrados, las potencialidades o recursos naturales, geográÀcos o culturales. En síntesis, no contempla la multidimensionalidad del territorio y las dinámicas de relación de las personas que lo habitan, y sus distintas formas de organización. De hecho, la normatividad induce a los EIA a abordar de manera general la esfera social, pero sus indicadores de cumplimiento no garantizan necesariamente la concreción efectiva de los compromisos de las empresas en esa esfera. En el caso de los compromisos sociales que se detallan en los EIA, la OEFA tiene la obligación de supervisar su implementación. Sin embargo, estos suelen ser puntuales, planteándose proyectos acotados al ámbito de inÁuencia, situación que no cubre las expectativas de la población del entorno. También existe otro bloque de compromisos sociales asumidos por las empresas, que no formaron parte de los EIA, los cuales se informan al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Pero, además de almacenar estos documentos, no se supervisa su cumplimiento. Recientemente, sin embargo, mediante la Resolución 286-2023-MINEM/DM, se ha aprobado un formato único que apunta a implementar una herramienta uniÀcada para que los titulares de las empresas mineras declaren las actividades que ejecutan en sus áreas de inÁuencia social y el avance porcentual en el cumplimiento de los compromisos
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