Libro: Desarrollo territorial y minería

62 Desarrollo territorial y minería Así, sin las bases mínimas, cuando el conÁicto escala sus picos más altos, con la paralización de una carretera o la declaración de una huelga, los funcionarios públicos están presionados a negociar desde la urgencia de retomar la calma y salvaguardar la operación de la empresa. Entonces surgen los errores: acuerdos que exceden la responsabilidad o la competencia de la autoridad o del nivel de gobierno que los negocia, propuestas de inversión pública sin consultar la programación presupuestaria, el estado de avance de los proyectos o los procedimientos pendientes para su aprobación, y en general, negociaciones rápidas y transaccionales sobre asuntos o iniciativas que no responden al reclamo inicial6. Pero a esto se le suma otro problema: la falta de seguimiento y control del cumplimiento de esas actas de acuerdos. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, en 2021, en más del 57 % de las actas Àrmadas en las mesas de diálogo no se estableció un plazo para cumplir con los acuerdos, y en la gran mayoría de los casos, el 87 %, tampoco se designó a una entidad que regule o supervise el cumplimiento de los compromisos de cada parte. El mismo descuido atraviesa al Ejecutivo: de los 14 ministerios, solo 4 cuentan con un procedimiento especíÀco para el seguimiento del cumplimiento de las actas. Con acuerdos a corto plazo que no abordan la raíz del problema ni Àjan un tiempo determinado para su priorización, planiÀcación 6 Álvarez y Castillo (2020), así como Paredes y Schorr (2021), estudian el proceso de instalación de espacios de diálogo “formales” donde conÁuyen Estado, empresas mineras y organizaciones sociales y comunitarias. Sobre el papel, estos espacios se destinan a resolver problemas y conÁictos socioambientales relacionados con la minería. La literatura explora cómo las “mesas de diálogo” han sido importantes para la gestión de conÁictos sociales, aunque su efectividad depende de múltiples factores, entre ellos la voluntad política de los actores intervinientes, la inclusión de liderazgos de la sociedad civil y la oportunidad de acceder a la información clave sobre el proceso de diálogo.

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