97 II. Intentos de respuesta entre los ciudadanos —y sus autoridades locales—, el gobierno nacional y las empresas mineras. RESPUESTA 2 Mesas de diálogo La Ànalidad de las mesas de diálogo, en la teoría, era generar un espacio donde pudieran debatirse y analizarse las razones de los conÁictos, para buscar soluciones y llegar a acuerdos entre las partes enfrentadas, los cuales serían plasmados en actas de compromisos. Pero, en la práctica, las razones que iniciaron un conÁicto y los pliegos de demandas de la población no necesariamente eran abordados en estas mesas, sino, más bien, las condiciones para que la empresa minera continúe sus operaciones, y si la inversión producto de esos compromisos involucraría al Estado o a las empresas privadas que operaban en ese ámbito minero. Así, con una herramienta que se implementa especialmente en momentos reactivos, en una crisis que ha escalado gravemente en tensión, no hay cabida para el diálogo sobre las necesidades no satisfechas de la población, sino que las negociaciones se desvirtúan con transacciones a corto plazo: qué ofrecer o entregar a cambio de que la empresa continúe sus operaciones. Parte del problema es que los representantes de los gobiernos nacional, regional y locales acuden a las mesas de diálogo sin ninguna preparación, ni conocimiento profundo de la problemática, ni herramientas claras para su atención. Incluso, sin voluntad de escucha ni compromiso efectivo. Esto también favoreció a un contexto que ya es insostenible: la cantidad de acuerdos y suscripciones de actas que se elaboraron sin que exista una responsabilidad clara del cumplimiento de la misma, ni una asignación presupuestal que materialice esos compromisos. Así, a la par que las actas se acumulaban sin cumplirse, o cumpliéndose a medias, la desconÀanza se fue incrementando entre los tres actores involucrados: la comunidad, los empresarios y el Estado.
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