Gran recesión y crisis sanitaria: Las huellas de la COVID-19 •118• En marzo del 2014, a pesar de la renuencia inicial de la comunidad de Tiaparo, la mesa de desarrollo empezó a trabajar. En el reporte de febrero del 2015 estos dos conflictos activos fueron fusionados por la Defensoría debido a que ambos se referían al mismo proyecto minero y se había conformado una mesa para trabajar de manera conjunta la problemática de los distritos y de las comunidades que los impulsaban. En la nueva descripción del conflicto se indica que la comunidad de Tiaparo se opone por presunta falta de cumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa durante varios años de trabajos de exploración; mientras que la comunidad de Tapayrihua se opone por considerar que la empresa no cuenta con el acuerdo de uso de los terrenos comunales y por la presunta afectación de la oferta de recursos hídricos, ante el aparente uso irracional del agua para el desarrollo del proyecto. SITUACIÓN ACTUAL De la revisión de los acontecimientos ocurridos en torno de los conflictos sociales asociados al proyecto en los últimos dos años, descritos por la Defensoría del Pueblo en los reportes mensuales de conflictos sociales, se desprende que: por parte de la comunidad de Tiaparo, sigue existiendo voluntad de negociar con la empresa Southern la venta de terrenos superficiales para la ejecución del proyecto. Sin embargo, existiría un problema de demarcación territorial puesto que a los pocos días de que la comunidad de Tiaparo solicitó a la Defensoría del Pueblo y al Minem actuar como garantes en el proceso de negociación, las autoridades comunales del anexo de Choccemarca, del distrito de Tapayrihua, informaron a la Defensoría que los terrenos que la comunidad de Tiaparo pretendía vender eran usufructuados desde hace muchos años por los pobladores del anexo Quishque. Posteriormente, en mayo del 2019, el alcalde de Tapayrihua denunció que el proceso de compra y venta de terrenos entre la comunidad de Tiaparo y la empresa se estaría produciendo sin resolver el problema de conflicto en la posesión de tierras. Asimismo, señaló que la elaboración del EIA detallado se estaría realizando sin la participación de toda la población interesada. Ante ello, la Defensoría recomendó, al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), que en los mecanismos de participación ciudadana involucrara a los anexos Quishque y Choccemarca. Como resultado de la emergencia sanitaria, el proceso de
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