Gran recesión y crisis sanitaria: Las huellas de la COVID-19 •136• recuperación en el corto plazo de un choque adverso sobre la economía en la medida que constituye un mecanismo rápido para hacer crecer el empleo y la demanda agregada (Serebrisky et ál. 2018)109. Desde el punto de vista del desarrollo, por otro lado, su provisión adecuada y correcta administración contribuyen significativamente a incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Más aún, puede ser empleado como un vehículo para mejorar la equidad en la distribución de recursos, en la medida que contribuya a universalizar el acceso de la población a servicios básicos de electricidad, agua y saneamiento y que favorezca la creación de empleo formal. En lo que atañe al desarrollo económico, además, mejor y más infraestructura no son los únicos objetivos relevantes, sino que al objetivo de equidad se suma el de sostenibilidad en sus tres dimensiones: social, ambiental y física. De este modo, desde el inicio del ciclo de formulación del proyecto se requiere incorporar los componentes críticos de la sostenibilidad ambiental (cambio climático, adaptación y mitigación, reducción del riesgo de desastre natural y conservación de la biodiversidad), así como elementos que potencien la capacidad del proyecto de afectar positivamente la inclusión económica y la reducción de la pobreza (Serebrisky 2014). EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA De acuerdo con el informe sobre inversión en infraestructura de Serebrisky et ál. (2018)110, —que analiza la evolución de la inversión pública y privada en infraestructura para un conjunto de 19 países de ALC, sobre la base de una metodología 109 Cabe mencionar que, en junio del 2020, a través del Decreto de Urgencia n.º 070 2020, el Gobierno puso en marcha el programa Arranca Perú que tiene por propósito generar más de un millón de empleos temporales a través de la ejecución de obras públicas, principalmente de mantenimiento, en sectores como transporte, vivienda y agricultura. Para una descripción detallada del programa véase el capítulo 8. 110 Los países considerados en el análisis fueron: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En el caso de la infraestructura pública esta corresponde al gasto bruto fijo en formación de capital. La inversión privada, por otro lado, considera la inversión en activos físicos realizada en el marco de asociaciones público-privadas. Para una descripción detallada de la metodología véase http://infralatam.info/
RkJQdWJsaXNoZXIy MTM0Mzk2