Gran recesión y crisis sanitaria: Las huellas de la COVID-19 •298• A este respecto, resulta fundamental, conocer qué proyectos cuentan con licencia social y entre los que no cuentan con licencia social poder distinguir si las comunidades plantean un conflicto de resistencia o un conflicto de coexistencia. De este modo se logrará una mejor canalización de los esfuerzos de la política pública en la medida que se tendrá una idea más clara de cuál es la real dimensión de la inversión minera “paralizada” y de la viabilidad de su puesta en marcha en el corto y mediano plazo. Esta reclasificación debe ser complementada con un seguimiento de la evolución de los conflictos sociales asociados a cada proyecto que permita entender su naturaleza y lograr una adecuada intervención. Por otro lado, los cuatro proyectos analizados muestran la importancia de las buenas prácticas empresariales, que van desde una comunicación oportuna y adecuada de los impactos del proyecto hasta la disposición a dialogar con la comunidad sobre los mecanismos de compensación social de los impactos generados desde la etapa de exploración. Asimismo, el caso de Conga en particular, pone en evidencia la importancia de obtener la licencia social como requisito previo para poner en marcha actividades de exploración y explotación. A este respecto, el Estado cumple un rol clave pues debe generar los mecanismos para que el diálogo entre las comunidades y las empresas se produzca garantizando que los acuerdos se cumplan y que la información se provea de forma transparente. Las autoridades locales y regionales cumplen un rol fundamental, no solo en la etapa de comunicación, sino también y, sobre todo, en lograr que los recursos provenientes del canon sean adecuadamente empleados para promover el desarrollo de la región. Sin este componente, el vínculo entre crecimiento y desarrollo es exiguo. Cabe destacar que avanzar en este sentido contribuiría a reducir de manera significativa la incertidumbre y la conflictividad asociada al desarrollo de los proyectos mineros, un área en la que el Perú no logra un buen desempeño a la luz de los resultados de la encuesta del Instituto Fraser. Finalmente, todas las actividades mineras deben ser desarrolladas en concordancia con los estándares medioambientales de nivel internacional, dados los impactos adversos y en muchos casos irreversibles que generan sobre la calidad del suelo, el aire y el agua. Los mecanismos de regulación ambiental cumplen un rol fundamental en este proceso.
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