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Lee la editorial de Gestión: Pensar antes de actuar

MINERÍA. “Quiero anunciar que respecto a las cuatro mineras que se han ido señalando, no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirles que terminen y cierren, lo más inmediato posible”, dijo la premier Mirtha Vasquez el viernes pasado frente a autoridades y dirigentes de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho. Esta decisión unilateral no solo fue criticada por las empresas del sector minero, sino por los gremios empresariales en general, pues resultaba contradictoria cuando horas antes en la CADE el ministro de Economía y el presidente Castillo habían hablado de fomento y apoyo a la inversión privada y respeto al Estado de derecho y la seguridad jurídica.

Sin embargo, en una actitud que ya es reiterativa en este Gobierno, ayer la PCM rectificó su postura y sostuvo que las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normativa vigente. Si bien es saludable que el Gobierno corrija sus decisiones cuando se equivoca, dado que han sido demasiadas las ocasiones en que lo ha hecho durante cuatro meses, a partir de ahora la única forma en que el Ejecutivo deje en claro su respeto a la inversión privada y a la seguridad jurídica será con sus acciones, es decir, en los hechos.

Lo sucedido le deja una lección al sector empresarial, pues es indispensable que mantengan una actitud vigilante frente al Gobierno, y si bien deben ser abiertos al consenso, deben ser más cautelosos frente a las palabras y esperar los hechos.

Lamentablemente, el daño causado no se borra con pronunciamientos. La imagen del país se vio afectada a nivel local e internacional, lo que en la práctica reduce el interés de los inversionistas por emprender nuevos proyectos, perjudicando las expectativas por una mejora en el crecimiento económico y la generación de empleo. Pero estas marchas y contramarchas también juegan con el interés de la población. En este caso, en lugar de explicarle a las autoridades de Ayacucho que sus demandas serían atendidas siguiendo los caminos legales adecuados, se les hizo creer que existen rutas ilegales.

Esperemos no suceda como en otros casos donde se rectifica, pero se incide en el error. La forma en que se atiendan los conflictos sociales pendientes (a pesar de no contar con un viceministro de Gobernanza) y se lleve adelante la renegociación de Camisea (cuando no tienen un viceministro de Hidrocarburos) será la prueba de fuego del Gobierno.


Fuente: Gestión

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