Los atractivos precios del cobre a nivel internacional estarían generando el surgimiento de la minería informal cuprífera en el Perú, especialmente en regiones como Apurímac, amenazando de esta manera a las concesiones de empresas mineras formales.

Así lo dio a entender José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, en entrevista con Canal N. “Hoy en día estamos viendo lo que ha pasado con la quema del campamento de Southern, lo cual es otro indicador de cómo la conflictividad social se está complejizando, porque estamos hablando de minería informal que no es la minería aurífera”, refirió.

El pasado 31 de mayo el campamento minero de Los Chancas de Southern Perú acabó en cenizas tras un incendio que habría sido provocado por mineros informales, que ya extraen cobre en la zona y se oponen a la construcción de la nueva mina, en la provincia de Aymaraes. Los Chancas representa una inversión de más de US$ 2,600 millones para el país.

“Antes no había minería informal de cobre, ahora con los precios se convierte en una actividad atractiva, y sí está ocurriendo el fenómeno de que muchas comunidades están optando por hacer este tipo de minería, y eso se ve mucho en Apurímac”, señaló.

El exviceministro de Gestión Ambiental explicó que en esta nueva realidad coexisten la minería formal con la minería informal de cobre, y esta última se basa en el uso de la violencia como medida de fuerza para extraer mineral en territorios que no son de su propiedad.

Por su parte, Rómulo Mucho, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien también participó del panel con canal N, discrepó en cuanto al caso de Los Chancas indicando que aún no se ha comprobado si el incendio fue provocado por parte de mineros informales o de comuneros de la zona.

Agendas legítimas

Por otro lado, José de Echave hizo énfasis en que uno de los desafíos para iniciar el proceso de solución en el caso de Las Bambas es distinguir las agendas legítimas de las comunidades con las ilegítimas, impulsadas por asesores que buscan un porcentaje económico de determinados acuerdos.

“Es iluso pensar que no existe agendas ilegítimas, en esa zona hay asesores cuyo interés es cobrar el porcentaje del acuerdo económico que pueda llegar la comunidad, eso es conocido, como los Chávez Sotelo. Ahí claramente hay una agenda medio turbia que complica”, apuntó.

Esta importante mina de cobre lleva más de 55 días paralizada por la intransigencia de un sector de las comunidades y la falta de capacidad para resolución de conflictos sociales del gobierno.

De Echave finalizó lamentando el enorme déficit que se ha generado por la limitada intervención del Estado en el conflicto en Las Bambas, y resaltando la necesidad de su presencia en la zona sur del país para lograr solucionar este conflicto.

“Hay que reconocer la complejidad de la situación, se ha dejado escalar un conflicto a un nivel que es sumamente preocupante y, al mismo tiempo, lo que particularmente también me preocupa es esta suerte de incapacidad, ausencia de voluntad, irresponsabilidad que ha mostrado el Ejecutivo y en particular el presidente del Consejo de Ministros”, culminó.