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Ley de Minería vigente atrajo nuevas inversiones, elevó exportaciones y redujo pobreza

En tiempos en que se debate sobre posibles modificaciones a la Ley General de Minería, para, supuestamente, resolver los conflictos sociales y cerrar las brechas de desigualdad, el Ing. Fernando Gala recordó que este marco normativo posibilitó el ingreso masivo de la inversión privada al Perú y otorgó mayor seguridad jurídica para el sector extractivo.

“Con la promulgación de la Ley de Minería en 1992, llegan posteriormente empresas de talla mundial. Desde ese año hasta el 2020, las exportaciones mineras pasaron de US$ 1,535 millones a US$ 7,124 millones”, explicó durante la clase «Importancia económica de la minería», que forma parte del módulo de Cadena de Valor, en el marco del programa Cantera de Talentos para la Minería, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Tras la entrada en vigencia de la actual Ley de Minería, se inicia la construcción y puesta en marcha de operaciones de gran envergadura, como Antamina, Barrick, Las Bambas, Antapaccay y Constancia, con lo cual se aprovechó el mayor número de proyectos mineros y los altos precios de los commodities para producir y exportar minerales con mayor valor.

Así, el aumento del valor de las exportaciones mineras logró también que, de 1991 al 2020, el PBI nacional creciera de S/ 154.8 millones a S/ 546.1 millones, y que la pobreza disminuyera de 55% a 20%; lo que demuestra una correlación entre estos tres aspectos; es decir, que la minería impacta en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza.

No obstante, el docente subrayó que el crecimiento del valor de la producción minera no puede depender siempre de la cotización de los metales, pues también se deben activar más proyectos, ya que “cuando hay mayor producción minera, hay mayor generación de impuestos, y se realizan mayores inversiones en desarrollo social”.

Mayor producción, mejor PBI per cápita

En otro momento de su presentación, el Ing. Fernando Gala comentó que el mejor indicador para medir el rumbo de la economía de nuestro país, es el PBI per cápita, el cual asciende a US$ 6,182 por habitante al año en el Perú, siendo la mitad que el de Chile (US$ 12,650) y muchísimo menor que el de Estados Unidos (US$ 63,051).

“Según el Banco Mundial, un país es desarrollado cuando el PBI per cápita se aproxima a US$ 20,000 por habitante al año, y esto se supera en EE. UU., Canadá, Australia y Catar. Entonces, para que crezca el PBI per cápita, lo que se debe tener es una mayor producción. Dicho de otro modo, el PBI anual debe crecer más que el número de habitantes en el país”, anotó.

El Perú en la producción minera mundial

De esta manera, sostuvo que las empresas mineras producen US$ 600,000 millones por año en el mundo, y US$ 30,000 millones corresponden al Perú; es decir, el 5% del total. Además, explayó que si todos los proyectos mineros se pusieran en marcha, el Perú igualaría en producción minera a Chile, con lo que se generaría mayor compra a proveedores, puestos de trabajo y pago de impuestos para eliminar la pobreza.

“El Perú es el segundo país con mayor cantidad de reservas de cobre en el mundo. Cuenta también con importantes reservas de oro, zinc y plata. Y somos el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, y octavo productos mundial de oro. En definitiva, nos encontramos entre los 10 principales países productores mineros en todo el orbe”, resaltó.

Gestión moderna para el desarrollo socioeconómico

Y si bien el desarrollo socioeconómico se logra con mayor inversión, el expositor reconoció que también es necesaria una eficiente gestión de las autoridades locales para distribuir correctamente la riqueza proveniente de la minería en la mejora de los servicios básicos y el cierre de brechas sociales, con especial enfoque en la educación para aspirar a convertirnos en un país de primer orden.

“Hay dos objetivos que debe tener el Gobierno: reducir la pobreza y aumentar la producción del país. Para ello, se requiere inversión. Aunque en los indicadores macroeconómicos nos ha ido bien en los últimos años, lo que falta ahora es optimizar la gestión pública del Estado para la distribución de la riqueza y reducción de la pobreza”, remarcó Fernando Gala.

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