Gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa recordó que el Reinfo se viene abriendo desde el 2012 y a la fecha, no hay ningún resultado concreto. Lima, 27 de febrero de 2024. El gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, Pablo de la Flor, afirmó en el programa “Diálogos Mineros”, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que si el Congreso de la República aprueba alguna iniciativa que pretenda reabrir el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el mensaje sería que el país está sometido a los mineros ilegales. “Si el Congreso aprueba (el dictamen), el mensaje sería terrible. El mensaje es que dejamos al país sometido a las presiones de estos mineros ilegales, que tienen una bancada aliada en el Congreso, que ha estado pugnando por ampliar estos plazos, abrir el registro y derogar los alcances del Decreto Legislativo 1607, que es la iniciativa del Gobierno que introduce estas modificaciones. Sería una pésima señal para el país”, apuntó. En ese sentido, recordó que desde el 2012, el Reinfo se ha reabierto tres veces y el plazo vence en diciembre de este año. De prosperar los proyectos de las bancadas de Perú Bicentenario y Acción Popular, manifestó que se seguiría insistiendo en un proceso que ha fracasado en su intento de formalizar y solo busca darle impunidad a los mineros ilgales. “Recordemos que el proceso del Reinfo arranca el 2012 con lo cual los plazos se van extendiendo y no hay ningún incentivo para que los mineros que están en proceso de formalización cumplan con los requisitos, porque saben que esos plazos se van a ampliar”, expresó. Asimismo, el gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa subrayó que existen otras iniciativas en el Parlamento que buscan derogar los alcances del Decreto Legislativo 1607 impulsado por el Gobierno, el cual da como plazo hasta marzo a los mineros a que se pongan a derecho y cumplan con todos los requisitos solicitados por el Reinfo. Finalmente, De la Flor consideró que, en vez de tratar estos temas, el Congreso podría trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo para sacar adelante un shock simplificativo de leyes para dinamizar las inversiones mineras.
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