Por: Ing. Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

La minería sigue siendo la actividad económica más importante en cuanto a ingresos fiscales para el país. Al cierre del 2021, la recaudación nacional ascendió a casi S/ 140,000 millones, siendo la minería el principal contribuyente con S/ 19,523 millones, lo que representó una considerable mejora del 217% con respecto a la recaudación del 2020 (S/ 5,907.7 millones) e incluso también fue mayor a la del año pre pandemia del 2019 (S/ 8,001.2 millones), según el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).

Cifras como esta constituyen un avance alentador, pues a medida que el Estado obtiene ingresos fiscales provenientes de la inversión privada, contará con más recursos para asignar a los presupuestos de los gobiernos provinciales y distritales, cuya principal responsabilidad es administrar y direccionar sabiamente el dinero en proyectos de desarrollo socioeconómico que contribuyan a elevar la calidad de vida de los habitantes y negocios locales de las zonas altoandinas, donde actualmente la pobreza es el detonante de los conflictos sociales.

Y para quienes sostienen que las empresas mineras no cumplen con sus obligaciones fiscales en el Perú, quedó más que demostrado que el sector extractivo es un activo contribuyente. Recordemos, en ese sentido, que, según las estimaciones de EY, la carga tributaria fluctúa entre el 44% y el 56% de las utilidades de las compañías mineras, con lo que terminan pagando hasta ocho conceptos, entre impuestos y contribuciones. Con todo ello, se puede determinar que de cada S/ 100 de ganancia, aproximadamente la mitad ingresa al tesoro público de nuestro país.

Pero así como mejoramos en tributación, de igual forma podemos mejorar en el aspecto social con las localidades cercanas a las operaciones mineras. En respuesta a ello, recientemente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró como Zona de Atención Especial (ZAE) a 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, donde se generó un conflicto social por el corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa, el cual utilizan diversas empresas mineras para trasladar su producción a los principales puertos.

Así, se conformará un grupo de trabajo con la participación de los ministerios, el gobierno regional, municipio provincial, compañía minera, líderes locales y la sociedad civil, con el propósito de promover el desarrollo socioeconómico, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha declaración. Esperemos, por el bien de todos, que esta iniciativa llegue a buenos términos, pues el cierre de brechas y el acceso a oportunidades de crecimiento, es una tarea impostergable.

Por último, notamos que la producción minera de cobre, en noviembre del 2021, involucionó en -5.6%, como resultado principal de los menores volúmenes de extracción en Antamina y Las Bambas, que, coincidentemente, detuvieron sus actividades de explotación en dicho mes, por efecto de las manifestaciones y bloqueos a las vías de acceso a estas operaciones. En atención a ello, invocamos al uso del diálogo entre el Estado, empresa y sociedad, para evitar estos escenarios y otorgar continuidad a la producción en estos importantes yacimientos.