En medio de un escenario de inestabilidad política y económica en el país, se requiere de consensos entre el Estado, la empresa privada y sociedad civil para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos mineros que garanticen un mejor futuro para el país.

Así lo indicó Claudia Copper, presidenta de PERUMIN 35, durante la presentación de su libro “Minería y equilibrio económico”, financiado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en el marco del Jueves Minero.

“Necesitamos líderes políticos de todas las posturas que nos permitan llegar a ese acuerdo que nos haga sacar los proyectos adelante”, resaltó la exministra de Economía y Finanzas, quien también mencionó que es vital tener una Visión de la Minería al 2030.

Remarcó que un tercer tema es poner en marcha un plan de desarrollo territorial, que genere una mayor productividad de las regiones a través de encadenamientos de cadenas de valor y diversificación productiva en los territorios.

"Ese plan se tiene que hacer y está en manos básicamente de los dueños de su futuro que son las propias regiones”, apuntó.

Asimismo, resaltó que uno de los problemas importantes a ser revisados en el sector minero, es la necesidad de cambiar el mecanismo actual de redistribución de la renta minera, pues este modelo claramente no ha funcionado. 

“No hemos logrado resolver esta dicotomía entre el desarrollo de la empresa minera y el desarrollo de alrededor de la misma. Y esto ha sido por múltiples razones, por falta de capacidades, por corrupción, etc.”, sostuvo. 

Por su parte, Magaly Bardales, vicepresidenta de Minería de la SNMPE, señaló que tanto la mejora en la ejecución de los recursos mineros como el impulso del concepto de desarrollo territorial, ayudarán a reducir la conflictividad social que es otro de los desafíos del sector minero. 

“Se viene hablando ya de propuestas para la mejora en la ejecución de canon, como el canon condicional y un sistema a nivel de gobierno nacional que pueda dar un servicio en la gestión y ejecución de proyectos a los gobiernos regionales y locales”, comentó.  

Carlos Oliva, exministro de Economía, refirió que frente a la poca capacidad de gasto de los recursos del canon, el PMO externo (oficina de gestión de proyectos, por sus siglas en inglés) es un mecanismo de gestión que puede ayudar a hacer más eficiente el uso del boom de ingresos mineros que recibirán las regiones el otro año. 

“Ese es el camino por el cual tendríamos que ir. Más allá de que si se contrata a algún internacional, todas las entidades, ministerios y gobiernos regionales tienen que tener sus oficinas de inversiones con el concepto de PMO”, remarcó. 

En tanto que Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, coincidió en que el futuro de una mejor gobernanza en el sector minero, pasa por un acuerdo entre Estado, comunidades y empresas. Agregó que eso implica cambios en el enfoque de las empresas, de ir más allá de la responsabilidad social empresarial para comprometerse con el desarrollo territorial. 

“Y reconocer que en ese territorio la autoridad es el gobernador regional o el alcalde provincial. Teniendo un plan de desarrollo consensuado, la empresa se convierte en un actor más. Ese es el esfuerzo al que habría que apuntar”, afirmó.