No solo la gran y mediana minería enfrenta problemas con las comunidades últimamente, sino también la pequeña minería y la minería artesanal, las cuales se ven incluso amenazadas por quienes pretenden desterrarlos para invadir sus concesiones con personas que operan al margen de la ley, no pagan planilla, no tributan, contaminan y carecen de tecnologías limpias.

Así lo testimonió Celso Cajachahua, presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), durante su presentación en Rumbo a PERUMIN – Edición Centro, en el marco del Jueves Minero, donde se analizó el impacto de la minería no formal en el país y en las regiones de Ayacucho, Huancavelica e Ica.

“En las zonas donde operamos los mineros pequeños y artesanales en vías de formalización, también hay presencia de pobladores que vienen y se meten a trabajar. Les aconsejamos que deben cumplir con ciertos requisitos que exigen las autoridades pero no les interesa. Al igual que la minería convencional formal, nosotros también lidiamos con conflictos sociales”, refirió.

Fenamarpe fue fundada en 2002 y actualmente sus miembros se encuentran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo); no obstante, en el camino a su formalización han debido encarar desafíos en el marco normativo e incluso a la desatención de gobiernos anteriores que lejos de incorporarlas a la formalidad, criminalizaron esta actividad.

“Si bien la totalidad de mineros de Fenamarpe trabajan en denuncios de terceros, nosotros contamos con las documentaciones respectivas y estamos cumpliendo el proceso de formalización. Practicamos la minería a socavón, no aluvial. Y hemos presentado un proyecto de ley a la Comisión de Energía y Minas para la reglamentación de nuestra actividad”, señaló.

Celso Cajachahua criticó las leyes que fueron promulgadas en 2014, siendo una de ellas la Ley de Interdicción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, así como otra serie de normas que les hizo concluir que para ser un minero con toda la documentación exigible para el proceso de formalización, debían actuar en un plazo de 1260 días e invertir 87 mil dólares.

“Debe haber compromiso del Estado y de los gobiernos regionales. Cuando una gestión termina, se retira todo el equipo y entra otra con nuevo personal, lo que muchas veces ha detenido el avance de los programas de formalización. Es necesario que la formalización minera sea vista como una política de largo plazo y que trascienda a los gobiernos”, indicó.