Hasta febrero del 2022, la Defensoría del Pueblo contabilizó 132 conflictos socioambientales activos y latentes, con el 65.2% del total vinculado a la minería. Los casos se incrementan cada día y amenazan con poner en jaque el futuro de esta actividad, sin concitar la preocupación del actual Gobierno.

Juan Saldarriaga, periodista abocado a la minería, recuerda que desde el año 2000 siempre se hablaba de un plan organizado para detener proyectos mineros, como lo fueron Tambogrande, Santa Ana, Tía María y Conga, que, en su momento, llegaron a valer varios miles de millones de dólares y hoy están en el tintero.

Con el paso del tiempo, estos planes fueron tomando cuerpo con discursos más radicales y convocando a nuevos operadores políticos, “y ahora esto ha escalado a la detención de operaciones mineras como Cuajone, Atacacocha, Las Bambas, Cerro Lindo y Antamina”, aseveró en la reciente edición del Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Conjeturó el hombre de prensa de El Comercio que la agudización de los conflictos sociales se atribuye a una coordinación activa y estrecha entre congresistas, gobiernistas y colectivos antimineros, a fin de paralizar a la gran y mediana minería, sin tomar en cuenta las posibles consecuencias.

“Se ha cambiado a todo el plantel de la Oficina General de Gestión Social (OGSS) del Ministerio de Energía y Minas, el cual ha sido tomado por un partido. No sabemos si con esto se pretende encauzar los conflictos sociales para sus propios fines políticos o para crear empresas mineras estatales”, barajó.

Mineras presentan taras de comunicación

Para Jorge Turpo, editor regional de RPP Arequipa, es apremiante que las empresas mineras reconozcan que sus estrategias de comunicación no han sido del todo eficientes para sintonizar con las demandas de las comunidades, como lo es la mejora de la calidad de vida y la protección del medioambiente.

“Un ejemplo de ello es lo que pasa con Southern Perú en Tacna. A esta empresa se le solicitó no usar aguas subterráneas para sus operaciones, por temor al secado de las lagunas y la contaminación con arsénico del recurso hídrico”. No hubo respuesta y ahora enfrenta la paralización de su mina Cuajone”, recordó.

Bajo este panorama, instó a las compañías del sector minero a cambiar la narrativa de sus estrategias de comunicación y a replantear acciones inmediatas para encaminar la solución de los conflictos socioambientales.

Información pública abundante, pero inentendible

Por su parte, Eleonora León y León, exjefa de la OGSS, calificó de “pobre” las experiencias comunicacionales del Estado, debido a que no es capaz de compartir con las poblaciones rurales la abundante data del gasto público de sus respectivas autoridades, a fin de que ejerzan su derecho de fiscalización ciudadana.

“Tenemos información importante que genera el Estado y que está a disposición de los peruanos; sin embargo, esta no llega a traducirse adecuadamente como para que la gente de a pie entienda el estado del gasto público en cada localidad y pueda asumir un rol vigilante del destino del presupuesto”, analizó la experta.

Finalmente, enfatizó que si bien las mesas de diálogo son un espacio útil, existen también otras herramientas para entablar una comunicación más constante, confiable y cercana a nivel local, desarrollando un enfoque preventivo que abarca etapas que van mucho más allá de una simple conversación.