Gabriel Daly, gerente general de CONFIEP, enfatizó que la falta de articulación institucional entre dependencias estatales y niveles de gobierno, representa un desafío que deben superar las empresas mineras para obtener la aprobación de sus planes de gestión social y ejecutar sus inversiones en el cierre de brechas de los distritos donde desarrollan sus actividades.

“Coordinar horizontalmente dentro de un sector, es difícil; hacerlo con dos o tres sectores, es más complicado; y si se considera que también debemos coordinar verticalmente con los gobiernos regionales y locales, es un caos absoluto. No existe una adecuada retroalimentación interinstitucional”, arguyó en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

A su turno, Sonia Balcázar, consultora de Gestión Social en Santa Bárbara Consultants, remarcó que el estudio de impacto ambiental (EIA) de los proyectos mineros está analizando de mejor forma el componente social, agregando información sobre cambios económicos y políticos; no obstante, reconoció la necesidad de incluir a la población en el desarrollo de los mismos.

“Para mejorar la viabilidad social de la minería, es prioritaria la presencia de las comunidades en la elaboración de la línea base del EIA. Se requiere escuchar activamente a los habitantes y que los procesos participativos no se limiten a reuniones informativas. Ellos desean exponer sus impresiones sobre el impacto que generará la minería en su territorio”, reflexionó.

Desconfianza y politización

En tanto, Ronald Ibarra, profesor de Resolución de Conflictos Sociales en la USMP, reparó en la importancia del relacionamiento entre empresa y comunidad, el cual debe trascender de la aprobación del estudio de impacto ambiental u otras urgencias corporativas, hacia la generación de confianza sostenida y encauce oportuno de las expectativas de la población.

“La construcción de buenas relaciones entre empresa y comunidad precisa el acompañamiento permanente del Estado, pues su ausencia contribuye a la ocurrencia de conflictos sociales. Si hoy existe recelo en las personas contra la actividad minera, es porque sus demandas no han sido atendidas. Los sectores público y privado deben ser críticos consigo mismos”, precisó.

Finalmente, Virginia Amodeo, periodista de Visión Sur TV, calificó como paradójico que la industria destine millonarias inversiones en el país, mientras que todavía persisten zonas con altos índices de pobreza y carencia de servicios básicos, por lo que es comprensible que un grueso de la población se mantenga escéptica de las oportunidades de cambios con la minería.

“Sabemos que la minería tiene un efecto significativo en la vida de las personas; sin embargo, no termina de consolidarse en el consciente ciudadano debido a la politización del tema. Los candidatos y autoridades siembran en la población la idea del empresario explotador y prometen cosas irreales, cuando no saben cómo invertir el canon minero”, subrayó.