Si bien es cierto en el Perú se ha logrado normar completamente todo el proceso de consulta previa, lo cual es importante, aún existe un problema latente en la aplicación de estas normas, lo cual le resta predictibilidad al país.

Así lo indicó Fernando Castillo, consultor en Gestión Social, durante su participación en el Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde refirió que ello produce retraso en el avance de los procesos de consulta previa

“En este momento tenemos dentro del sector minero un temor terrible por las demoras que están no en el Ministerio de Cultura sino en el Ministerio de Energía y Minas, que es donde se debe implementar como ente promotor”, apuntó

El especialista indicó que a la fecha existen retrasos en más de 30 procesos de consultas previas que no se están implementando. “Tenemos casos emblemáticos como el tajo Chalcobamba de Las Bambas, muy importante para nuestra economía, que lleva dos años. En el mismo Corredor Minero del Sur, el proyecto minero Coroccohuayco tiene un proceso similar”, agregó

Por su parte, Luis Oré, subsecretario de la Subsecretaría de Gestión de Conflictos de la PCM, señaló que por lo general los procesos de diálogos tiene un corte muy legalista o un enfoque transaccional de las relaciones. “Es la lógica del todo o nada, del tienes la razón o estás equivocado, y esto genera ganadores y perdedores. Hasta podemos llegar al comportamiento de la demonización del otro”.

El problema de este enfoque es que no ofrece oportunidades adecuadas para que varios intereses sean escuchados en conversaciones profundas y sean considerados por los tomadores de decisiones. “Hay que tener conversaciones más profundas para entender al otro. Necesitamos un enfoque más transformativo para generar relaciones de cooperación”. 

Finalmente, Felipe Quea, indicó que es importante terminar de realizar la caracterización nacional de los pueblos indígenas del Perú para tener una base de datos que no sea solo referencial, sino vinculante para cualquier sector del Estado al momento de determinar a quién le corresponde el derecho a la consulta previa .

También indicó que el plan de consulta con los derechos colectivos deben ir de la mano. “Un plan de consulta no puede ir más allá que consultar cómo manejar un derecho colectivo que se ha identificado que va a poder afectarlo” agregó.