Lima, 06 de marzo de 2026. La minería ilegal en el Perú movilizó más de US$11,500 millones durante el último año, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE). Esta cifra, de acuerdo con César Ipenza, abogado y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, representa una gran cantidad de “recursos frescos” que pueden alimentar intereses políticos y perpetuar la impunidad.
El especialista advirtió que el flujo económico generado por esta actividad ilegal podría influir en procesos electorales y financiamiento político, lo que agrava la dificultad de combatir este delito.
Empresas bajo régimen PPM exportan como gran minería
Uno de los puntos críticos señalados por Ipenza es el uso indebido del régimen de Pequeño Productor Minero (PPM) por parte de empresas que, en la práctica, operan con volúmenes propios de la gran minería.
Un informe conjunto de RPP Economía e IPE reveló que siete de los 25 mayores productores de oro del país en 2025 están registrados bajo este régimen especial.
“Hay personas naturales y jurídicas que se aprovechan del régimen especial. Dicen ser pequeños mineros, pero en la práctica están exportando más allá de los grandes”, señaló el abogado en el programa Ampliación de Noticias de RPP.
Falta de fiscalización genera competencia desleal
Ipenza también indicó que muchas de estas operaciones no cuentan con la fiscalización adecuada por parte del OEFA ni de los gobiernos regionales, lo que genera una competencia desleal frente a la minería formal.
Esta situación, advirtió, debilita el sistema de control ambiental y afecta el desarrollo de la actividad minera regulada.
Fuente: Rumbo Minero
